Qué hay detrás del Presupuesto andaluz de 2027: sin nuevas plazas para menores migrantes y planes de retorno

La Junta de Andalucía no prevé crear nuevas plazas ni centros para menores extranjeros no acompañados durante 2027. Así lo recoge el proyecto de Presupuesto autonómico aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno, que asciende a 54.716,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la comunidad. El texto incluye, además, una nueva partida destinada a promover planes de retorno de estos menores a sus países de origen.

El Ejecutivo andaluz había previsto aprobar el proyecto el miércoles 28 de octubre, pero la reunión se aplazó dos días tras el accidente ferroviario registrado ese día en Urda (Toledo). El presidente, Juanma Moreno, suspendió la sesión y decretó tres días de luto oficial en la comunidad. La aprobación se produjo finalmente el viernes.

El presupuesto es el primero del nuevo gobierno de coalición entre el PP andaluz y Vox, constituido en julio tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026. Las cuentas crecen un 6 % respecto al ejercicio anterior, es decir, 3.118,8 millones de euros más.

En materia migratoria, la Junta explica que mantendrá los recursos actuales, actualizando costes según el marco legal vigente. Al mismo tiempo, parte de los fondos ahorrados en cooperación internacional al desarrollo se reasignará a los programas de retorno. La partida refleja el acuerdo de gobierno, que recoge un rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central.

El pacto de coalición establece que la Junta no participará en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios que faciliten o consoliden la entrada, acogida o permanencia de inmigrantes en Andalucía. También se compromete a reducir el gasto en esta materia al mínimo imprescindible y a promover acuerdos con los países de origen que agilicen las repatriaciones de menores con sus familias. Sus competencias en relaciones internacionales, no obstante, son limitadas, un factor que condicionará el alcance real de estas medidas.

Las cuentas de 2027 marcan así una orientación clara en la gestión de la inmigración infantil no acompañada, con un giro hacia el retorno frente a la ampliación de recursos. El debate parlamentario sobre el proyecto y la reacción de las entidades de protección de menores serán claves para medir su aplicación. La cuestión también dependerá de la cooperación con el Gobierno central y de la viabilidad jurídica de los retornos.