Qué hay detrás del accidente de Urda: 68 fallecidos y la respuesta sanitaria andaluza
Choque AVE e Iryo en Urda deja 68 fallecidos. La Junta decreta luto y activa atención sanitaria en Sevilla y Córdoba para familias y heridos.
Los hospitales andaluces han atendido a once heridos leves procedentes del accidente ferroviario de Urda (Toledo), un siniestro que ha dejado, por ahora, 68 fallecidos. El choque se produjo el miércoles entre un AVE Madrid-Sevilla y un tren de Iryo. Según el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, llegarán más heridos a lo largo de este jueves.
La tragedia ha obligado a la Junta de Andalucía a adoptar medidas de duelo oficial. El luto arrancó a las 14,00 horas del miércoles y se prolongará hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre. Durante ese periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos autonómicos, y el Gobierno andaluz invita a instituciones públicas y privadas a sumarse a la medida.
El despliegue sanitario corre a cargo del Servicio Andaluz de Salud, que ha activado dos Puestos de Mando Avanzado en las estaciones de Sevilla Santa Justa y Córdoba Julio Anguita. Desde estos puntos se coordina la atención a los familiares y a los pasajeros que regresan. Las familias pueden consultar información en los teléfonos habilitados por Renfe (900 10 10 20) e Iryo (900 001 403), y también a través del 900 122 112, el número de emergencias de Castilla-La Mancha.
El papel de Andalucía en este episodio va más allá de la asistencia. El corredor ferroviario Madrid-Sevilla es uno de los ejes de comunicación más importantes del país, y la comunidad concentra buena parte de los viajeros que lo utilizan. Por eso, la respuesta de la Junta sirve también como una muestra de la capacidad de coordinación entre administraciones cuando se produce una emergencia de estas dimensiones.
Queda por conocer la investigación técnica sobre las causas del choque, así como las posibles responsabilidades de las operadoras y de la red ferroviaria. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el accidente exige cambios en la regulación de la seguridad ferroviaria y en los protocolos de coordinación entre operadores de alta velocidad.