Gavira pide la dimisión de Sánchez y Puente tras el accidente ferroviario de Urda
Gavira pide la dimisión de Sánchez y Puente tras el accidente de Urda (Toledo), con 69 muertos. Vox querella al ministro ante el Supremo.
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, reclamó este viernes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha causado al menos 69 muertos. El dirigente popular lo expresó en una publicación en la red social X.
El siniestro se suma a una serie de incidentes ferroviarios graves registrados en el último año. Según las cifras citadas por Gavira, son ya unas 120 víctimas mortales en accidentes de este tipo en doce meses. Estos datos son el punto de partida del debate político que se abre sobre la seguridad del sistema ferroviario español.
Gavira calificó de "gestión criminal" la actuación del Ejecutivo central en los últimos años. Según su argumento, el país ha pasado de contar con trenes seguros a registrar el mayor número de muertos en alta velocidad del mundo. Las acusaciones son de carácter político y no han sido verificadas en este texto.
En paralelo, Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Óscar Puente por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La formación sostiene que el ministro incumplió sus deberes de dirección y control sobre la seguridad ferroviaria y la supervisión de las entidades adscritas al departamento. La admisión a trámite corresponderá al tribunal.
Las declaraciones de Gavira incluyen además referencias a presuntas irregularidades en la empresa encargada de la seguridad ferroviaria y a la financiación de obras de infraestructura en Marruecos y Egipto. Estas afirmaciones no aparecen respaldadas por resoluciones judiciales en la información disponible y deben leerse como posiciones de parte.
El caso plantea un escenario de máxima tensión institucional. La investigación técnica del accidente y las diligencias judiciales determinarán las responsabilidades. Mientras tanto, la cuestión de la seguridad ferroviaria y la rendición de cuentas seguirá marcando la agenda política nacional.