El 22 de abril, Sevilla se encuentra en el epicentro de un relevante proceso judicial que podría marcar un nuevo capítulo en la saga de financiación irregular de los ERE. La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha indicado que deliberará en fechas específicas: el 24 y el 29 de abril, así como el 13 de mayo, sobre la posibilidad de remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Esta decisión se deriva de la anulación de las condenas a varios acusados por parte del Tribunal Constitucional (TC). La Audiencia de Sevilla ahora examina si el TC ha sobrepasado sus atribuciones con su reciente interpretación sobre los delitos de prevaricación y malversación, y si esta reflexión es compatible con las normas internacionales en la lucha contra la corrupción.

En su providencia, el tribunal ha dado a las partes implicadas un plazo de diez días para que presenten su postura sobre si el TC ha violado el marco legal al revisar la valoración de pruebas y decisiones del propio tribunal y del Supremo en el caso de los ERE.

En este sentido, el TC ha sostenido que la participación en la creación y aprobación de presupuestos no se puede etiquetar como una 'resolución' que competen a lo administrativo. Ha subrayado la importancia de que los jueces actúen conforme a la ley, resaltando que solo se debe plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando haya razones fundadas para ello y no simplemente por cuestiones de interpretación.

La providencia también apuntaba a riesgos asociados a la falta de supervisión sobre la actividad presupuestaria, lo que podría comprometer los intereses públicos y la confianza en la administración de fondos. Se cuestionaba, además, la compatibilidad de la interpretación del TC con la normativa comunitaria, reiterando que es esencial mantener un control estricto sobre la conducta pública.

Además, los jueces de la Audiencia Provincial están evaluando si es posible que los tribunales ordinarios ignoren las sentencias interpretativas del TC, sobre todo si estas pueden llevar a la conclusión de que las conductas de los acusados no son delictivas, algo que generaría una importante debate sobre la aplicabilidad de la ley.

Por su parte, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha admitido que no se puede restringir la capacidad de los jueces para consultar al TJUE, aunque estas consultas pueden ser muy delicadas. En un encuentro informativo, Conde-Pumpido enfatizó la necesidad de reflexión ante este tema inédito en el ámbito judicial español, dado que, tradicionalmente, las cuestiones prejudiciales se plantean antes de que exista una sentencia.

La situación se presenta incómoda para el sistema judicial español, con implicaciones que podrían extenderse más allá de sus fronteras. La Audiencia Provincial de Sevilla está en una encrucijada que podría redefinir los límites de la interpretación judicial y la responsabilidad pública en la gestión de recursos estatales.