SEVILLA, 8 de mayo. En un desarrollo reciente relacionado con el caso de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en 2018, los cacheos realizados en la cárcel de Brieva, ubicada en Ávila, no han revelado la existencia de teléfonos móviles hasta el momento. Así lo anunció el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una atención a los medios en la Feria de Sevilla.

Este anuncio surge tras las preocupaciones expresadas por Patricia Ramírez, madre del niño asesinado, quien habló en una rueda de prensa en Almería, sobre la posibilidad de que algunos funcionarios del centro penitenciario pudieran haber proporcionado dispositivos móviles a Quezada a cambio de favores sexuales. La situación ha generado una investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, que busca determinar la veracidad de estas acusaciones.

En su intervención, Fernández quiso manifestar su solidaridad y apoyo a Patricia Ramírez, enfatizando lo doloroso que ha sido el caso para ella y para la sociedad en general. "La tragedia del asesinato de su hijo nos ha dejado a todos consternados", subrayó el delegado.

Fernández también mencionó que se han llevado a cabo reuniones con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Aclaró que, aunque la investigación en curso busca aclarar la posible conexión telefónica entre la prisión y la madre de Gabriel, por ahora no se ha encontrado evidencia de la existencia de algún terminal móvil entre los reclusos.

En este sentido, el delegado del Gobierno especificó que hay una investigación administrativa en marcha, enfocada en esclarecer si algún funcionario de la prisión pudo haber facilitado un teléfono a Quezada. No obstante, destacó que actualmente esta investigación se encuentra en suspenso debido a la apertura de la investigación judicial.

Fernández reiteró que, hasta el momento, no se ha encontrado ningún dispositivo móvil en los registros y cacheos realizados en la cárcel. Sin embargo, recalcó que las investigaciones siguen su curso.

Ante las consultas de los periodistas, el delegado aseguró que el Gobierno está dispuesto a mantener las reuniones necesarias con la madre de Gabriel y resaltó que estas ya han tenido lugar en niveles altos del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha expresado su apoyo a Patricia, garantizando colaboración para esclarecer los hechos.

Finalmente, el delegado enfatizó que todo el procedimiento está bajo la supervisión judicial y que las investigaciones continúan abiertas. "El Ministerio del Interior está comprometido a llegar al fondo del asunto", concluyó Fernández, instando a seguir de cerca el desarrollo de la investigación judicial, que cuenta con la cooperación de la Guardia Civil y del propio Ministerio.