ALMERÍA, 23 de diciembre. En una sesión reciente, el Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha decidido rechazar una propuesta del PSOE para establecer una comisión de investigación relacionada con el caso 'Mascarillas'. Este escándalo condujo a la dimisión del expresidente y del vicepresidente segundo. A pesar de la negativa, el equipo de gobierno del Partido Popular ha ofrecido a la oposición la posibilidad de revisar todos los expedientes de contratación, aunque argumentan que no hay nada irregular en ellos.

Carlos Sánchez, portavoz del equipo de gobierno, defendió que cada expediente ha sido meticulosamente analizado por sus responsables, quienes aseguran que todo está en orden. Además, se está preparando una extensa cantidad de documentación, que abarca miles de folios, para entregarla a petición de los grupos de oposición en un plazo adecuado.

Sánchez aseveró que las explicaciones sobre este asunto ya han sido ofrecidas en las últimas cuatro sesiones plenarias, afirmando que "el ámbito de lo político ha terminado". Al portavoz socialista, Juan Manuel del Real Ruiz, le indicó que no podría proporcionar más información que la que él ya posee, dada su implicación en la causa.

En su intervención, el portavoz del gobierno municipal rechazó la moción calificándola de "un ejercicio de cinismo" y un "circo político" que no se alinea con la realidad administrativa de la Diputación. Criticó que, en lugar de buscar soluciones, la oposición solo busca generar ruido mediático.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, también se comprometió a permitir el acceso a toda la documentación que los grupos de la oposición deseen revisar, aunque advirtió que el volumen de documentos es considerable y aún se está trabajando en ello desde la Secretaría.

Por otro lado, Alcaina mostró su descontento al ver cuestionadas las gestiones llevadas a cabo por la institución y la integridad de los funcionarios que trabajan en ella.

Juan Manuel del Real Ruiz, portavoz del PSOE, expresó su indignación ante la negativa a formar la comisión de investigación que podría arrojar "explicaciones públicas sobre hechos graves" que han llegado a la ciudadanía a través de los medios, sin que el PP haya aclarado el alcance de la investigación o las posibles responsabilidades políticas.

El portavoz socialista hizo hincapié en que las investigaciones judiciales se centran en presuntos amaños de contratos y cobros de comisiones, afirmando que incluso exdirigentes y familiares directos podrían estar involucrados en un sistema de corrupción.

El dirigente socialista lamentó la falta de explicaciones en las recientes sesiones del pleno, haciendo hincapié en que conocer los detalles es crucial para garantizar la transparencia y evitar la repetición de tales incidentes en el futuro.

Entre las propuestas de la iniciativa se incluían evaluaciones sobre contratos de emergencia firmados durante la pandemia y otros contratos menores, así como documentación precisa solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Además, insistió en que el Grupo Socialista también requería la entrega de la documentación solicitada por el juzgado el 18 de noviembre para su análisis por parte de todos los diputados provinciales.

El partido Vox, que también apoyó la moción, criticó la actitud "ocultista" del gobierno del PP, al rechazar la creación de la comisión para no ofrecer explicaciones a los ciudadanos sobre un asunto que consideran de gran gravedad y que aún se encuentra bajo investigación.

El portavoz de Vox, Pedro Agüera, lamentó que, más de un mes después de que la UCO iniciara sus indagatorias, el Partido Popular aún no haya proporcionado aclaraciones sobre el asunto.

Agüera manifestó que el PP ha tomado la situación con mucha ligereza, permitiendo que dos de sus miembros abandonen la corporación debido a su presunta implicación en un caso de corrupción que afecta tanto a la compra de material sanitario como a la adjudicación de obras públicas.