El Gobierno Vasco ha aprobado cinco progresiones al tercer grado durante el mes de octubre, lo que eleva el total a 52 desde que asumió las competencias en esta materia hace dos años, en octubre de 2021, según datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press.

Entre los presos beneficiados se encuentra Mikel Azurmendi Peñagaricano, condenado por varios asesinatos, incluido el del matrimonio del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García perpetrado en Sevilla en 1998. Sin embargo, un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha suspendido su tercer grado, lo que lo ha llevado de vuelta a prisión.

Azurmendi Peñagaricano fue uno de los presos etarras beneficiados por la política de acercamientos a cárceles del País Vasco del Gobierno de Pedro Sánchez. Su historial criminal también incluye atentados contra militares y altos cargos del Ejército de Tierra.

Otro de los progresados al tercer grado es Manex Zubiaga Bravo, condenado a 111 años de cárcel por su participación en un atentado perpetrado por ETA en Madrid en 2001, en el que resultaron heridas una veintena de personas. Asier Rodríguez López fue condenado a 22 años de prisión por intento de asesinato, Jon Etxebarria Oiarbide a nueve años por delito de depósito de armas y explosivos, y Angel López Anta por formar parte del 'comando Bolueta'.

El tercer grado aprobado por el Gobierno Vasco ha generado controversia, ya que 13 progresiones han sido revocadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y otras seis están suspendidas debido a recursos presentados por la Fiscalía. La plataforma de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha elogiado los pasos que está dando el Gobierno Vasco en política penitenciaria, pero ha denunciado las "políticas de excepción" y ha criticado a la Audiencia Nacional por tomar decisiones en contra de las juntas de tratamiento de las cárceles vascas.

El Tribunal Supremo estableció a finales de 2020 como doctrina legal unificada en materia penitenciaria que en casos de delitos graves, el recurso del fiscal contra una excarcelación tiene "efecto suspensivo".