Sevilla, 20 de octubre. La Fiscalía de Sevilla ha iniciado dos investigaciones para esclarecer las circunstancias en torno al trágico fallecimiento de una joven de 14 años, quien, según los reportes, se arrojó desde la azotea de su hogar después de haber sido objeto de bullying, tal como informaron fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

Uno de los expedientes está dirigido a investigar la posible participación de varias menores en el acoso, mientras que el segundo se centra en examinar la conducta y potencial responsabilidad de los encargados del centro educativo donde la joven cursaba sus estudios.

Según las fuentes citadas, aún se está a la espera del atestado policial correspondiente al suceso. Estos procedimientos iniciales por parte de la Fiscalía reflejan su compromiso con la verdad y la justicia en un caso tan delicado.

Es relevante señalar que el pasado lunes, el Ministerio Público recibió la documentación elaborada por la inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, la cual se refiere al protocolo de acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba la niña que presuntamente se quitó la vida debido a la violencia escolar que padecía.

La decisión de la Fiscalía se toma tras el anuncio de la semana pasada, en el que se informó que el colegio no activó los protocolos requeridos por la ley para abordar situaciones de acoso y conductas autolíticas. Por ello, se procederá a remitir toda la información del caso al Ministerio Público y abrir un expediente administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades.

Además, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido que el colegio Irlandesas Loreto podría perder su financiamiento público si se determina que ha habido un incumplimiento grave de las normativas vigentes.

Fuentes de la Consejería han explicado que corresponderá a la Fiscalía establecer las responsabilidades, mientras que la titularidad del centro deberá tomar medidas para aclarar la situación de su personal, de acuerdo con los requerimientos de la Consejería. Si el expediente administrativo concluyera que hubo un incumplimiento muy grave, la Junta podría proceder a la retirada del concierto educativo del centro.

En medio de esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, anunció la apertura de una investigación para evaluar el manejo del protocolo contra el acoso escolar relacionado con la muerte de la menor. Maeztu hizo un llamado a la acción y a la prevención ante cualquier señal de acoso o violencia, subrayando la necesidad de que los protocolos funcionen adecuadamente.