La gratuidad en educación infantil de cero años se implementará en 2027/2028 en Andalucía

La Junta de Andalucía ha confirmado que la gratuidad total en la educación infantil de cero años entrará en vigor en el curso 2027/2028. Para el próximo curso 2026/2027, solo será gratuita la escolarización a partir del año, junto con la gratuidad en los tramos de dos años. Este calendario se alinea con el acuerdo de Gobierno firmado en 2026, que establece una progresiva gratuidad del ciclo en un plazo de seis años.

El contexto político refleja tensiones entre el Ejecutivo autonómico y las fuerzas de oposición, especialmente el PSOE-A, que ha criticado el retraso en la gratuidad total. La Consejería de Educación explica que las decisiones técnicas y normativas, como la modificación de órdenes y precios públicos, aún están en proceso para cumplir con los plazos previstos. La planificación administrativa busca garantizar la coherencia en la escolarización y evitar conflictos durante el proceso de adjudicación de plazas en marzo y abril.

La implicación política radica en el compromiso de la Junta con la equidad educativa, aunque las fechas establecidas generan dudas sobre la plena implementación. La medida, que beneficiará a más del 90% de los niños en Andalucía, supone un avance significativo respecto a años anteriores, con alrededor de 130.000 potenciales beneficiarios en 2026/27. La progresividad responde también a los aspectos presupuestarios y administrativos, que requieren ajustes normativos previos a la entrada en vigor definitiva.

Desde una perspectiva futura, la intención del Gobierno andaluz es cumplir con el plazo de seis años para la gratuidad completa, lo que situaría a Andalucía a la vanguardia en educación infantil en España. La clave estará en la gestión eficiente de los cambios normativos y en la movilización de recursos para garantizar la gratuidad efectiva en 2027/2028, tal como prometieron en el acuerdo de gobierno.

Este proceso refleja la complejidad de implementar políticas de igualdad educativa en un contexto de tensiones políticas y limitaciones presupuestarias. La comunidad educativa y las familias esperan que las medidas se concreten en plazos reales, reforzando el compromiso del Ejecutivo con la mejora de la escolarización temprana.