JAÉN 18 Mar.

La Guardia Civil está llevando a cabo una serie de registros en propiedades asociadas a un hombre de Villacarrillo (Jaén) que ha sido detenido por su posible implicación en la desaparición forzada de Ibrahima Diouf, un joven senegalés que desapareció en enero de 2021 en esta localidad.

En este sentido, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) realizaron el lunes un registro en la casa de la madre del detenido, y durante el martes están evaluando un garaje que también le pertenece, según han señalado fuentes cercanas al caso a Europa Press.

Adicionalmente, los agentes están planeando intervenir en varias propiedades que pertenecen a la familia del detenido, un empresario agrícola que había contratado a Diouf para trabajar en la cosecha de aceitunas antes de su desaparición. Las mismas fuentes han indicado aún no se ha definido cuándo el arrestado será llevado ante el juez, aunque es probable que se utilice el plazo máximo de detención de 72 horas.

Es importante mencionar que esta detención se produce en el marco de una investigación activa dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo, cuyas diligencias han sido declaradas secretas por las autoridades.

Ibrahima Diouf había llegado a Villacarrillo con el propósito de trabajar en la recolección de aceitunas. Cabe destacar que el detenido era su empleador, lo que ha llevado a que sea el foco de las investigaciones continuas relacionadas con su desaparición.

El individuo arrestado ha estado bajo sospecha en el pasado, ya que en 2013 fue investigado por la desaparición de otro temporero, aunque fue absuelto en el juicio correspondiente.

Este arresto representa un avance significativo en la indagación que la UCO sigue desarrollando para esclarecer lo que sucedió con Ibrahima Diouf, quien fue visto por última vez el 5 de enero de 2021 en Villacarrillo.

Desde que comenzó su investigación, la UCO ha realizado búsquedas exhaustivas en terrenos relacionados con el sospechoso. En junio de 2023, más de treinta agentes participaron en un rastreo en la zona conocida como Arroyo los Pozuelos, a las afueras del polígono industrial de Villacarrillo, además de otros alrededores.

Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de caballos y al Servicio Cinológico para rastrear cualquier posible indicio biológico en la zona. También utilizaron un dron para explorar regiones de difícil acceso, como un profundo barranco.

Asimismo, en mayo de 2023, la Guardia Civil hizo un llamamiento a la ciudadanía para recibir colaboración que pudiese ayudar a resolver el caso, solicitando material gráfico, como fotos y vídeos, captados en la vía pública de Villacarrillo entre los días 5 y 7 de enero de 2021. De entre todos los eventos mencionados, se destacó la necesidad de materiales de la Cabalgata de los Reyes Magos. Pese a este esfuerzo, no se han encontrado pistas relevantes hasta el momento.

En el periodo inicial tras la desaparición de Ibrahima Diouf, se llevaron a cabo registros pormenorizados en un garaje y una vivienda, que incluían la participación de perros de la unidad cinológica. También se contó con los equipos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para examinar un pozo en la propiedad del sospechoso. Posteriormente, se inspeccionó una finca olivarera que pertenece a este individuo en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

El individuo bajo investigación ya había sido arrestado anteriormente en relación con la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Dicho trabajador, Tidiany Coulibaly, de 22 años, desapareció después de que él y otros temporeros expresaran su descontento por las condiciones laborales durante una discusión con el empresario agrícola.

Tras ser juzgado en 2016 por diversos delitos, incluyendo la explotación de inmigrantes, fue absuelto del cargo de desaparición forzada de Coulibaly. Sin embargo, la Audiencia de Jaén lo sentenció a un año de prisión y a una multa de 4.200 euros por explotar a los trabajadores, así como a un año y medio más de prisión por un delito contra la administración de justicia, junto con otra multa de 6.000 euros. Además, recibió una sanción económica de 1.200 euros por el delito de defraudación de agua eléctrica.