La Junta asigna competencias en violencia de género a Vox, generando rechazo político

La Junta de Andalucía ha decidido que Manuel Gavira, vicepresidente segundo y representante de Vox, gestione las competencias relacionadas con la violencia de género vinculadas a la administración de justicia. Esta decisión ha sido criticada por la oposición debido a las implicaciones que puede tener para la protección de las víctimas. La creación de esta cartera forma parte de una reestructuración en el Gobierno andaluz, publicada en el BOJA el pasado 9 de julio. La medida ha suscitado alarma entre partidos progresistas, que consideran que pone en riesgo los derechos y la atención a las víctimas de violencia machista. La polémica refleja las tensiones políticas en torno a la influencia de Vox en la Junta y su postura negacionista respecto a la violencia de género. La decisión puede afectar el trabajo de las instituciones especializadas en protección y atención, al transferir control a un partido que niega la gravedad del problema. En un contexto de debate sobre el papel de Vox en Andalucía, este movimiento pone en duda el compromiso del Ejecutivo con la lucha contra la violencia machista y la protección de las mujeres. La perspectiva futura apunta a un aumento de la vigilancia por parte de la oposición y posibles movilizaciones sociales, que exigen mantener la autonomía y la especialización en la atención a víctimas.