En un relevante movimiento para el sector energético, la junta extraordinaria de accionistas de Cox ha respaldado hoy la compra total de Iberdrola México. Este acuerdo, realizado en julio, tiene un valor de 4.200 millones de dólares, equivalente a unos 3.700 millones de euros.
Durante la asamblea, se logró un quorum del 84,30%, permitiendo la aprobación unánime de las tres propuestas en la agenda, con un respaldo total en las votaciones, según comunicó la compañía.
El ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, subrayó que esta adquisición marca un hito determinante en la visión internacional de la empresa. Expresó que la integración de Iberdrola México "refuerza nuestra presencia en un mercado clave" y contribuye al cumplimiento de sus metas estratégicas, posicionando a Cox como un jugador significativo a nivel global en los sectores de agua y energía.
Según el comunicado de la compañía, la aprobación de esta operación transformadora también refuerza su estatus como una empresa global de servicios públicos en agua y energía, consolidando su liderazgo en uno de los mercados más importantes dentro de su cartera.
Con la integración de Iberdrola México, Cox, que ha estado operando en el país desde hace más de diez años, adquirirá un total de 15 instalaciones que suman 2,6 gigavatios de capacidad, incluyendo 1.368 megavatios de centrales de ciclo combinado y cogeneración, junto con 1.232 megavatios de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
A esta adquisición se suma la actividad comercial, que convierte a Cox en la principal proveedora de usuarios calificados en México, alcanzando una cuota de mercado del 25% con más de 20 teravatios hora suministrados. Además, el grupo tendrá acceso a una cartera de proyectos que representan un potencial de generación de más de 12 gigavatios a partir de diversas fuentes de energía.
Esta operación también posiciona a Cox como un actor esencial en el mercado energético mexicano, país que conoce bien entre los casi treinta en los cuales tiene presencia. La compra se realiza en un contexto de avances en el marco regulatorio energético mexicano, promovido por el Plan México, que fortalece la seguridad jurídica para la inversión extranjera.
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