El 4 de noviembre en Sevilla, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado su frustración ante la negativa del Gobierno andaluz a proporcionar datos sobre los cribados. En una conferencia de prensa, Sanz criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, acusándola de incumplir con sus responsabilidades.

Sanz aclaró que el Gobierno regional no se opone a la entrega de datos, sino que se resiste a compartir información a través de canales no oficiales. En este contexto, anunció que se revelarán los datos disponibles y de interés general, como las cifras de cobertura, participación y tasa de detección en los cribados.

Además, Sanz respondió a las afirmaciones de García, quien envió una solicitud formal exigiendo que Andalucía proporcione datos sobre los cribados de cáncer en un plazo de un mes. El consejero instó al Gobierno central a cumplir con su responsabilidad de desarrollar la plataforma informática necesaria para la carga de estos datos.

Durante su intervención, el consejero también subrayó que la ministra ha cambiado su postura en comparación con las declaraciones que hizo días atrás, limitándose ahora a solicitar solo los indicadores que ya estén disponibles. En este sentido, Sanz se comprometió a enviar los indicadores pertinentes de la Estrategia Nacional de Cáncer en los próximos días.

En su declaración, Sanz destacó la transparencia y la disposición del Gobierno andaluz para colaborar, al tiempo que reprochó a García el uso del Ministerio de Sanidad con fines políticos. Reiteró la necesidad de que la ministra trabaje en conjunto con las comunidades autónomas para solucionar los problemas del Sistema Nacional de Salud y cerrar la Ponencia de Cribados, un paso crucial para la gestión de datos.

Por último, el consejero hizo un llamado a la ministra para que deje de lado el electoralismo y convoque un Consejo Interterritorial Extraordinario. Propuso dos temas fundamentales para la agenda: cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y abordar la grave escasez de profesionales en el sistema sanitario, una problemática que, según él, recae exclusivamente en la responsabilidad del Gobierno central.