La Junta estudia recurrir por inconstitucional el reparto de 180 millones en vivienda

La Junta de Andalucía estudia si el reparto de 180 millones de euros en subvenciones directas para vivienda que prepara el Gobierno central incurre en inconstitucionalidad. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, anunció que sus servicios jurídicos analizan el texto aprobado en el Consejo de Ministros, que regula las ayudas dirigidas a las comunidades con zonas de mercado residencial tensionado.

El Real Decreto duplica los fondos respecto a la distribución anterior, que ascendía a 90 millones. Las ayudas se destinan a cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas, y Cataluña es la principal beneficiaria, con 112 millones. El objetivo declarado es impulsar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización para aumentar la oferta asequible y moderar los precios del alquiler.

Andalucía ya presentó alegaciones contra el Real Decreto de zonas tensionadas. Ahora, la Junta cuestiona los criterios de reparto y pregunta por qué las medidas no se extienden al resto de comunidades. Rocío Díaz sostiene que la declaración de zonas tensionadas es potestativa de cada comunidad, lo que, a su juicio, convierte el reparto en un incentivo a determinadas políticas autonómicas y no en un criterio objetivo.

El debate enlaza con un conflicto más amplio sobre el modelo de intervención en el mercado del alquiler. La Junta defiende que la limitación de precios reduce la oferta y pone como ejemplo lo que, según su análisis, ocurre en Cataluña, donde el número de solicitantes por anuncio se habría multiplicado en los últimos meses. Frente a ese enfoque, el Gobierno andaluz opta por las denominadas áreas prioritarias de vivienda recogidas en su propia Ley de Vivienda, centradas en incentivar la oferta antes que en restringir.

Además, la Junta ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados por la Diputación Permanente del Congreso tras su rechazo en el pleno. Si el recurso prospera, el reparto de fondos podría quedar en entredicho y la discusión sobre competencias entre el Estado y las comunidades en materia de vivienda ganaría peso en los próximos meses. El desenlace marcará el margen de maniobra de las autonomías para diseñar sus propias políticas residenciales.