SEVILLA, 12 de mayo. La Junta de Andalucía ha anunciado este lunes su intención de involucrarse en el proceso judicial que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta decisión busca apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional (TC) que han reconocido parcialmente los recursos de amparo interpuestos por ex altos funcionarios de la anterior administración socialista, quienes han sido condenados en el escandaloso caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, confirmó esta postura en una comunicación a los medios. Sanz otorgó instrucciones al Gabinete Jurídico de la Junta para que se persone en esta causa, destacando que el objetivo es "defender el interés de los andaluces" en un caso tan importante.

El consejero argumentó que participar en el 'caso ERE' es fundamental para la recuperación de los casi 700 millones de euros que se consideran defraudados, dinero que corresponde a todos los ciudadanos andaluces y que se encuentra en el epicentro del mayor escándalo de corrupción política en la historia de España.

La Junta apoyará el esfuerzo de la Audiencia de Sevilla para que se consulte a la justicia europea sobre si el Tribunal Constitucional ha transcendido sus competencias. Esta afirmación la realizó Sanz justo un día antes de que se lleve a cabo una deliberación clave sobre la posibilidad de plantear esta cuestión prejudicial ante el TJUE, luego de que el TC anulara las condenas a varios implicados en el caso ERE.

Desde el Gobierno andaluz se ha precisado que la Junta intervendrá durante el proceso de alegaciones, presentando un documento argumentado que justifique la pertinencia de plantear esta cuestión ante el tribunal europeo. Sanz subrayó que las sentencias del TC podrían conducir a una forma de impunidad en el mayor caso de corrupción, lo cual obstaculizaría la capacidad de la Junta para recuperar el dinero defraudado.

Las autoridades andaluzas sostienen que la doctrina contenida en las recientes sentencias del TC podría crear un entorno de impunidad que afectaría tanto a nivel penal como civil, impidiendo así la reparación del daño sufrido por la comunidad autónoma. "Como perjudicados en este inmenso escándalo, todos los andaluces tienen derecho a ser escuchados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", afirmó Sanz, recordando que, bajo la presidencia de Susana Díaz, la Junta había retirado su acusación en este caso, aunque actualmente tiene un legítimo interés en la causa.

Sanz también destacó que la normativa europea y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exigen que las administraciones persigan la corrupción de forma activa. En este sentido, enfatizó que la Junta ha estado tomando diversas acciones para recuperar el dinero malversado, incluyendo acciones civiles y penales, así como procedimientos administrativos.

El consejero mencionó que la Junta ha estado persiguiendo la responsabilidad contable derivada de las condenas en el caso ERE, reclamando ante el Tribunal de Cuentas, y abordando revisiones de ayudas concedidas para identificar beneficiarios ilegítimos. "Hemos iniciado un total de 244 revisiones que suman hasta 129 millones de euros", añadió.

La postura del Gobierno andaluz es clara: es imperativo que se personen en el proceso judicial y se garanticen los derechos de Andalucía de presentar su argumentación ante el TJUE. "Si no actuamos, estaríamos poniendo en peligro nuestra capacidad de ser escuchados sobre un tema tan crucial en defensa de nuestros intereses patrimoniales", concluyó Sanz.

Por último, se destacó que la Junta está convencida de que su intervención en este proceso es no solo legítima, sino necesaria, puesto que la interpretación del TC en sus sentencias podría contradecir normativas comunitarias y socavar los esfuerzos internacionales en la lucha contra la corrupción política.