SEVILLA, 22 de octubre. La reciente iniciativa del Gobierno andaluz para reformar el régimen del patrimonio en la comunidad ha encontrado apoyo en el Parlamento, donde se ha aprobado el debate de totalidad. Este avance se ha producido gracias a la alianza de los grupos del Partido Popular y Vox, quienes desestimaron las enmiendas del PSOE y Por Andalucía que se oponían a la propuesta.

Con este respaldo, el proyecto, impulsado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeas, continuará su camino a través de las comisiones pertinentes del Parlamento, donde se espera un examen más detallado de su contenido.

Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y titular de Economía, ha defendido la propuesta como "esencial para la modernización de la gestión pública andaluza", argumentando que se busca convertir el patrimonio del estado en un activo que beneficie el desarrollo económico y social de la región. Según la consejera, esta ley traerá un cambio de paradigma en la gestión de lo público en Andalucía.

La consejera enfatizó que la normativa permitirá una gestión más eficaz y transparente del patrimonio, diciendo que "lo que antes era simplemente un gasto, ahora se reinvertirá en áreas críticas como la sanidad y educación". Resaltó además que la ley actual, vigente desde 1986, resulta obsoleta y poco adecuada para los tiempos contemporáneos.

El nuevo marco legislativo incluirá innovaciones como un inventario digital y una plataforma de publicidad patrimonial, que ofrecerán a los ciudadanos una mayor claridad sobre los bienes de la Junta y las actividades relacionadas con ellos. También se contempla la creación de un régimen sancionador para evitar el uso indebido de estos bienes y promover el reciclaje y reutilización de propiedades en desuso.

España recordó que, cuando el Gobierno de Juanma Moreno asumió el poder en 2019, se encontró con una situación de descontrol total en la gestión del patrimonio, lo que generaba gastos innecesarios. Defendió que, a través de un modelo de gestión más riguroso, se han logrado importantes ahorros y una mayor transparencia en las subastas de bienes públicos.

Se remarcó el éxito del Plan Estratégico de Sedes Administrativas que ha generado significativos ahorros en gastos de alquiler, y se expuso la necesidad de gestionar el patrimonio público con responsabilidad, dado que no solo representa bienes, sino el esfuerzo de toda la comunidad andaluza.

La nueva ley también promueve la cesión gratuita de inmuebles a entidades sociales para fines públicos, una estrategia que podría permitir un uso más responsable y comunitario del patrimonio. Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de críticas.

Los grupos Socialista y Por Andalucía han presentado enmiendas que cuestionan la urgencia y el enfoque de la ley, argumentando que contiene deficiencias en la protección de derechos sociales y que responde a un interés mayor en la privatización que en el servicio público. Los representantes socialistas han declarado que la propuesta del Gobierno podría facilitar la venta de activos públicos sin una justificación clara y sin consultar a la sociedad andaluza.

Por su parte, el grupo Por Andalucía ha señalado que el proyecto refleja políticas mercantilistas y carece de un enfoque claro en la transparencia y la participación ciudadana. Quienes se oponen a este proyecto advierten que podría profundizar la desigualdad en la comunidad y privar a la ciudadanía de un debate más amplio sobre el futuro del patrimonio andaluz.

A medida que el proyecto siga su curso legislativo, se espera que surjan más debates sobre su contenido y su impacto a largo plazo, así como la posibilidad de ajustes en función de las preocupaciones planteadas por la oposición.