La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado públicamente lo que considera "amenazas" por parte de Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, en el contexto de un posible boicot a un documental sobre ella. Ramírez ha señalado que este proyecto aún está en desarrollo y ha interactuado con las autoridades judiciales para hacer patente su preocupación.

En una reciente comparecencia en Almería, Ramírez criticó al Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila por denegar su solicitud para participar como acusación particular en la investigación que sigue a la supuesta entrega de teléfonos móviles a Quezada por parte de funcionarios de la prisión de Brieva. Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel en 2018, está en el centro de esta complicada trama.

Durante su discurso, Patricia Ramírez enfatizó que su implicación en la denuncia que condujo a la investigación inicial la afecta profundamente a ella y a su familia. Explicó que lleva un año monitoreando la situación y que ha tenido acceso a información proporcionada por confidentes sobre la producción del mencionado documental.

La madre del pequeño ha responsabilizado a las autoridades penitenciarias por lo que considera una falta de acción y protección. Se siente desamparada, ya que no le fue permitida su participación en el proceso judicial, lo que, según ella, ha dificultado su capacidad para presentar evidencia relevante sobre la conducta de Quezada en prisión.

Recientemente, Patricia recordó su advertencia pública del año anterior sobre la posible filmación del documental, lo que provocó la suspensión temporal del proyecto y la realización de registros en la cárcel. Según sus afirmaciones, uno de los dispositivos móviles que se introdujeron en prisión terminó en manos de un funcionario implicado, aunque parece que Quezada continúa teniendo acceso a otros teléfonos a través de interacciones con sus compañeras de celda.

La madre ha expresado un profundo descontento por la decisión del juzgado que negó su personación como perjudicada, señalando que había soportado en silencio esta situación mientras intentaba alertar a las autoridades sobre lo que sabía. Patricia ha indicado que su objetivo al involucrarse en el caso es proteger los derechos de las víctimas y asegurar que no haya más injusticias por parte del sistema.

Por si fuera poco, Ramírez hizo mención a una nueva denuncia que presentó a finales del año pasado, luego de enterarse de que Quezada había manifestado deseos de "venganza" contra ella. Según la información que manejó, la reclusa le habría dicho a personas cercanas que busca darle un "golpe" por su oposición al documental.

La situación fue reportada a la Guardia Civil, y Patricia Ramírez ha solicitado protección, recibiendo en un inicio respuesta negativa. Sin embargo, esta queja ha abierto nuevas líneas de investigación sobre las mencionadas amenazas, dado que comenzaron a surgir llamadas inquietantes a su teléfono móvil.

Además, Ramírez ha planteado sus preocupaciones sobre posibles chantajes dentro de la prisión, lo cual podría conectar con intereses ocultos de Quezada por recibir ciertos beneficios penitenciarios. Ha denunciado que, a pesar de la gravedad de la situación, las autoridades mantienen una postura evasiva ante la manipulación que se podría estar llevando a cabo desde dentro del centro penitenciario.

La madre de Gabriel ha manifestado su rechazo a cualquier traslado de Quezada a una prisión en Cataluña, advirtiendo que esto podría facilitar aún más el contacto con su pareja actual y poner en peligro la seguridad de su familia. Además, ha denunciado la falta de medidas adecuadas para proteger a las víctimas y sus familiares en estos delicados casos de delitos de alto perfil.

Por último, Patricia Ramírez ha subrayado la necesidad de que el sistema de justicia mejore la protección de víctimas como ella. Asegura que la manera en que se maneja la comunicación de los medios respecto a estos criminales, que a menudo se vuelven figuras públicas, añade un sufrimiento adicional al dolor ya infligido a las familias afectadas. Alzo la voz para que las autoridades escuchen su clamor por una justicia real y una mayor consideración hacia las víctimas.