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Miércoles, 18 de noviembre de 2026 Edición Andalucía · Red Crónica
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Montero denuncia irregularidades por 38.000 millones en Junta de Andalucía

La Cámara de Cuentas revela que la Junta de Andalucía gastó hasta 38.000 millones de euros irregularmente desde 2020, principalmente en sanidad.

Redacción automática · Crónica Andalucía 2 min de lectura

La fiscalización de la Cámara de Cuentas revela que la Junta de Andalucía gastó hasta 38.000 millones de euros de manera irregular desde 2020. La mayoría de estos fondos corresponden a la gestión sanitaria periférica, donde se detectaron fallos en el control financiero en el 93% de las auditorías realizadas.

Este informe, incluido en el Plan de Actuaciones del órgano fiscalizador andaluz para 2025, evidencia una preocupante gestión del dinero público en el gobierno de Juanma Moreno. La sustitución del control previo por el control financiero permanente ha permitido detectar irregularidades en una gran parte del gasto, principalmente en sanidad y centros de gasto periféricos del SAS.

Las implicaciones de estos datos afectan directamente a la credibilidad de la gestión pública en Andalucía. La líder socialista María Jesús Montero ha exigido explicaciones inmediatas al presidente Moreno, señalando que estos fondos estaban destinados a servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y dependencia.

Este asunto se enmarca en un contexto político marcado por las tensiones entre el PSOE-A y el PP-A, en medio de una crítica creciente sobre la transparencia y la gestión económica de la Junta. La denuncia llega en un momento en que las instituciones andaluzas enfrentan presiones por la gestión de recursos públicos.

El panorama futuro sugiere que este informe puede tener consecuencias políticas y judiciales, además de incrementar la presión sobre la Junta para esclarecer las irregularidades. La oposición y los órganos fiscalizadores demandan mayor transparencia y medidas correctivas en la gestión pública.

En un contexto más amplio, estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer la supervisión y el control del gasto público en Andalucía, para garantizar una gestión eficiente y transparente que proteja los intereses de los ciudadanos.

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