La Junta de Andalucía sustituyó el control previo por el financiero en casi 38.000 millones entre 2020 y 2024

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado que la Administración autonómica aplicó un control posterior en lugar del previo sobre aproximadamente 37.921 millones de euros en obligaciones reconocidas entre 2020 y 2024. La mayor parte, en torno a un 80%, corresponde a gastos en los centros periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este cambio en el procedimiento de control forma parte de una estrategia política orientada a agilizar la gestión administrativa, permitiendo que los expedientes puedan continuar sin la suspensión que caracterizaba al control previo, que requiere subsanar reparos antes de la aprobación definitiva. La decisión ha sido justificada por las autoridades mediante criterios de buena gestión, aunque sin indicadores claros que evalúen su eficacia real.

El informe de la Cámara de Cuentas advierte sobre la falta de criterios y de un registro centralizado que permita valorar la efectividad de esta sustitución. Además, se detectaron errores y deficiencias en los sistemas de información, lo que limita el seguimiento y la evaluación del impacto del procedimiento en la gestión pública.

Desde una perspectiva política, la medida refleja un equilibrio entre la necesidad de mejorar la eficiencia en la administración y la preocupación por mantener la fiscalización y el control en el uso de fondos públicos. La Junta ha insistido en que la estrategia busca reducir cargas burocráticas y acelerar procesos, especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica.

El contexto actual en Andalucía está marcado por la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de recursos públicos, en un escenario de restricciones presupuestarias y demandas sociales crecientes. La futura evaluación del impacto de estas modificaciones será clave para determinar si contribuyen realmente a una gestión más eficaz y transparente.