El TC admite a trámite el conflicto de Andalucía contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El TC admite el conflicto de competencias de Andalucía contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que la Junta considera invasor de sus competencias y su autonomía financiera.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este jueves, 5 de noviembre, el conflicto positivo de competencias que la Junta de Andalucía ha promovido contra varios artículos del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El tribunal ha admitido también el conflicto presentado por la Junta de Extremadura contra preceptos de la misma norma.
El Gobierno andaluz sostiene que los artículos 4.2 g), 153, 6.5, los capítulos II a IV, la Disposición Adicional Octava y los artículos 15, 23, 24, 34, 50, 51, 61, 146 y 147 del real decreto serían contrarios al orden constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Según el TC, la Junta considera además que la norma podría lesionar la autonomía financiera de Andalucía.
El Consejo de Gobierno andaluz había formulado el pasado 23 de junio un requerimiento previo al Consejo de Ministros, al considerar que la norma no respeta el orden competencial recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. La Junta optó por esta vía de impugnación por invasión de competencias, al tratarse de una norma sin fuerza de ley.
Entre los aspectos cuestionados, la Junta señala el diseño del régimen de aportaciones a cargo de las comunidades autónomas, la descripción detallada de las actuaciones y el reparto estricto de cuotas, el régimen de protección permanente de las viviendas y el sistema de autorización estatal para la publicidad y difusión de las actuaciones. El Gobierno andaluz considera que la regulación tan minuciosa de los 18 programas financieros degrada a las comunidades autónomas a meras gestoras de subvenciones.
Respecto al artículo 153, que supedita a autorización o a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con el Plan, la Junta sostiene que despoja a la comunidad de sus competencias exclusivas en materia de vivienda. El Consejo de Ministros rechazó el pasado 21 de julio los requerimientos de incompetencia de Andalucía y Extremadura y defendió que el Plan no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino el instrumento estatal de financiación.