
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un "compromiso serio de dar marcha atrás" a la proposición de ley sobre los regadíos en la corona norte de Doñana, tras la reunión que mantendrá el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.
Montero ha supeditado las "decisiones" a adoptar por el Ejecutivo central a los pasos que dé el Gobierno de la Junta tras el encuentro con la Unión Europea. En caso de que no haya una retirada de la proposición, "es obvio que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, actuará y tomará las decisiones que en cada momento sean oportunas, incluidas las jurídicas".
En declaraciones a los medios en la Portada de la Feria de Sevilla, la ministra ha calificado de "gravísimo lo que está ocurriendo" en torno a la conservación de Doñana y ha acusado a Moreno de "cerrazón" para "rectificar" y "retirar un proyecto de Ley que, desde el primer momento, hemos advertido que estaba fuera de la legislación comunitaria".
Asimismo, Montero ha recordado que la regularización de regadíos que se tramita en la Cámara autonómica "contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las indicaciones del Gobierno de España" y, por tanto, "no había ningún motivo, ninguna necesidad, de tener que plantear ninguna cuestión con la que se pusiera en riesgo ni más ni menos que la declaración de Patrimonio de la Humanidad" de Doñana por parte de la Unesco.
En declaraciones a los periodistas en Madrid el pasado viernes, Moreno defendió el contenido de la proposición de Ley ante la petición de Pedro Sánchez de una "rectificación" y que se volviera a la "legalidad europea". Moreno remarcó que la iniciativa deja claro que "no se puede tocar el agua del subsuelo" y plantea una "reordenación de un territorio en situación de alegalidad que tiene atrapadas en un limbo a familias y trabajadores".
Moreno manifestó que si el Gobierno central no está de acuerdo con el contenido de la proposición de Ley, que plantee cuál es su "alternativa" y que están dispuestos a estudiarla. Lamentó que el Ejecutivo nacional no haya querido "nunca" sentarse para hablar de un "problema" en esa comarca que "existe y es una realidad" y al que hay que buscar una solución.
Sobre la próxima reunión con el comisario europeo, Moreno afirmó que están abiertos a recibir todas las propuestas que considere oportunas. Insistió en que también están dispuestos a escuchar las propuestas del Gobierno central, que hasta ahora "no ha querido sentarse en la mesa de manera seria para poder hablar sobre cuál es la alternativa al plan que hemos propuesto".
Moreno explicó que su Gobierno ha tomado la decisión de buscar una solución, que se basa en un "equilibrio entre la protección del parque", que es una "obligación legal y moral", y resolver un problema endémico de unas zonas de cultivo ante el que no podemos "cruzarnos de brazos".
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