El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha liderado la firma de un importante acuerdo en Sevilla con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que busca mejorar el empleo público y garantizar servicios de alta calidad en el marco de la Ley de Función Pública de Andalucía. Durante el evento, Moreno enfatizó que este pacto responde a una "deuda pendiente" que se tiene con los empleados públicos andaluces, aspirando a equiparar su salario con la media de otras administraciones del país.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el emblemático Palacio de San Telmo y fueron testigos de la rúbrica varios representantes sindicales, incluyendo a Manuel Moreno Gómez de CSIF Andalucía, Antonio Tirado de UGT, y José Pelayo de CCOO-A. Este convenio implica una inversión de 250 millones de euros a lo largo de cinco años, lo que demuestra un serio compromiso de la administración con los trabajadores públicos.

Juanma Moreno, tras la firma, destacó la colaboración y la "madurez" que han demostrado los sindicatos al alcanzar este acuerdo vital para el sector público de la región. Agradeció particularmente el esfuerzo realizado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública bajo la dirección de José Antonio Nieto.

El acuerdo beneficia a aproximadamente 80.000 empleados públicos andaluces, abarcando tanto al personal funcionario como al laboral y a los trabajadores del sector de la justicia. Se ha puesto en marcha formalmente desde el 3 de diciembre, momento en que fue publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Moreno propuso que este acuerdo supone un avance significativo y un "modelo de lealtad institucional", que afectará de manera significativa a los trabajadores del sector público. Indicó que hay una intención clara de mejorar la relación de la administración con los ciudadanos, enfatizando la importancia de ser un gobierno más accesible y útil.

En un contexto donde la negociación parece estar ausente en muchas partes del país, el presidente reafirmó que Andalucía se erige como un ejemplo a seguir en la recuperación del diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de la función pública.

Moreno también señaló que los beneficios de este acuerdo no solo impactan a los empleados públicos, sino que también benefician a los casi nueve millones de ciudadanos que utilizan los servicios públicos. El presidente remarcó la importancia de avanzar hacia una administración más moderna, centrada en las personas y que asegure un servicio de mayor calidad.

La renovación del compromiso con el diálogo social en Andalucía es un punto que Moreno consideró crucial, buscando así la modernización y la estabilidad del empleo público, así como la formación de los trabajadores para optimizar la atención al ciudadano.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía subrayó que el acuerdo incluye medidas que responden a reivindicaciones históricas, permitiendo construir una administración que sea un modelo de eficiencia y cohesión social. Se comprometió a estar vigilantes para que se cumplan los términos del acuerdo de manera correcta.

Por su parte, Antonio Tirado de UGT describió el pacto como un "magnífico acuerdo" que trae beneficios a los empleados públicos y a los ciudadanos andaluces. Reconoció que la negociación no fue sencilla, pero valora el esfuerzo realizado para lograr este resultado positivo.

José Pelayo de CCOO-A apuntó que, aunque se han dejado de lado ciertas demandas en nombre del consenso, el acuerdo alcanzado será beneficioso para los ciudadanos y permitirá preparar a los trabajadores para ofrecer servicios públicos de calidad, aunque lamentó que no se haya bajado la financiación adecuada.

El acuerdo tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030, con un compromiso de 250 millones de euros. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la creación de una carrera profesional, similar a la del ámbito sanitario, que los propios empleados deberán solicitar.

Además, el Gobierno andaluz ha señalado que este acuerdo transforma significativamente el sistema retributivo, favoreciendo un enfoque más claro y equitativo en las compensaciones por el tipo de responsabilidad y competencias de los empleados. Asimismo, se busca poner fin a desigualdades históricas.

Finalmente, el compromiso es avanzar en la implantación del VII Convenio Colectivo, que modernizará las condiciones laborales vigentes desde 2002, y en la reorganización de los recursos de salud y prevención en la Junta de Andalucía para garantizar una administración eficiente y eficaz.