SEVILLA, 22 de mayo. En una sesión reciente del Parlamento, se ha rechazado una propuesta presentada por Vox que solicitaba a la Junta de Andalucía la realización de estudios exhaustivos sobre las repercusiones económicas, sociales y culturales de las instalaciones de energías renovables en el ámbito rural de la comunidad, poniendo un énfasis particular en las plantas solares y los parques eólicos.

La propuesta fue desestimada por los cuatro grupos parlamentarios restantes: PP-A, PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, quienes argumentaron en contra de la necesidad de llevar a cabo estos estudios.

Entre las demandas de la propuesta también se incluía la petición a la Junta de priorizar la instalación de energías eólicas y fotovoltaicas en áreas con baja producción agrícola y ganadera, en lugar de en terrenos que tienen un valor productivo o paisajístico significativo. Asimismo, Vox proponía la modificación de normativas que protejan las zonas de viñedos y cultivos permanentes, impidiendo que se instalen proyectos de estas características en esas áreas.

Además, la iniciativa instaba a fomentar la investigación en alternativas como la agrovoltaica, y a aumentar la vigilancia sobre las autorizaciones ambientales y de construcción, especialmente en aquellas propiedades agrícolas y ganaderas que podrían ser expropiadas. La propuesta hacía hincapié en que se respetara la decisión de los propietarios que eligen no ceder sus tierras, considerando el impacto del cambio de uso del suelo en sus derechos.

Otra de las solicitudes de Vox era que se revisara el uso de la figura de "utilidad pública" en los macroproyectos de energías renovables, buscando evitar su utilización excesiva para justificar expropiaciones de tierras agrícolas. El objetivo era garantizar que se respeten los derechos de agricultores y propietarios, asegurando que sus intereses no sean sacrificados en la transición energética.

Asimismo, la propuesta pedía que la Junta fomentara, dentro de sus competencias, la incorporación de la energía nuclear y otras fuentes de energía que aseguren una provisión limpia, accesible y fiable, contribuyendo a la soberanía energética de Andalucía.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, defendió la propuesta afirmando que los macroproyectos de energía renovable, aunque presentados como una solución sostenible, generan graves consecuencias que afectan a la población y al medio ambiente. Gavira subrayó que la implementación de estos proyectos sin el consenso de las comunidades locales ni la aprobación de los propietarios es reminiscentes de prácticas de expropiación por regímenes autoritarios, donde se sacrifica la estabilidad de las familias en nombre de intereses que no están alineados con el bienestar general de los españoles.