SEVILLA, 8 de diciembre. El Partido Popular de Andalucía (PP-A) llevará al Parlamento andaluz una proposición no de ley el próximo jueves, en la que exigirá al Gobierno de España que reconozca las políticas educativas implementadas por la Junta de Andalucía, las cuales han sido ejecutadas sin el respaldo financiero del Estado. Esta medida busca asegurar que los andaluces reciban un trato justo, tal como lo establece la legislación vigente.

En esta propuesta, el PP-A exige que el Ejecutivo central establezca las medidas necesarias para garantizar la asignación de recursos económicos adecuados. Esto sería clave para asegurar la igualdad de condiciones entre todos los ciudadanos españoles, así como el cumplimiento del principio de equidad contemplado en la Constitución, lo que permitiría cubrir los costos de los servicios educativos en Andalucía.

En el ámbito de las becas, se solicita incluir en los convenios anuales entre el Ministerio de Educación y la comunidad autónoma una cláusula que garantice una compensación financiera por los gastos asociados a la gestión de las becas para estudiantes de niveles no universitarios, en función de la cantidad de solicitudes recibidas y las responsabilidades asumidas por la Junta.

Adicionalmente, el PP-A pide que el Gobierno de España cubra los costos que ya se han generado, asegurando un trato equitativo en comparación con otras comunidades, como la de Cataluña.

En lo que respecta al primer ciclo de Educación Infantil, se reclama una transferencia de 112 millones de euros provenientes de los fondos europeos disponibles para esta etapa educativa, con el fin de garantizar la gratuidad de las plazas existentes y evitar la obligación de devolver este dinero a la Comisión Europea.

En el sector de la Formación Profesional, el PP-A insiste en que el Gobierno central destine anualmente 22 millones de euros para fortalecer el modelo dual, así como asumir las cotizaciones de los estudiantes en prácticas (lo cual representa más de 3 millones de euros al año) y aportar 32 millones adicionales destinados a financiar la integración del profesorado técnico.

Además, se solicita la implementación de un plan nacional para la renovación de infraestructuras educativas, con una financiación equitativa y criterios de distribución que prioricen las áreas rurales, los barrios desfavorecidos y aquellos entornos con una alta demanda educativa.

Finalmente, se exige que el Gobierno cumplimente su compromiso del plan de climatización para colegios, anunciado en 2021, asegurando que haya una partida presupuestaria adecuada para colaborar con las comunidades autónomas. También se pide que se convoque de manera presencial la Conferencia Sectorial de Educación, lo que permitiría una verdadera coordinación y cooperación entre las comunidades autónomas, reemplazando así el actual sistema de comunicación a través de correos electrónicos.