En un giro notable en la investigación que rodea a la exmilitante socialista Leire Díez, el Partido Popular (PP) ha solicitado al juez encargado del caso que incluya a Gaspar Zarrías, exvicepresidente del Gobierno de Andalucía, como investigado. Según el PP, Zarrías contrató a Díez con el fin de presuntamente financiar actividades ilícitas.

Este pedido formal es parte de un documento que ha sido revisado por Europa Press, donde el partido conservador argumenta que existe suficiente evidencia para que Zarrías sea imputado en el caso que investiga los favores que Díez supuestamente ofreció a cambio de información sensible sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

Los representantes del PP afirman que la consultora Zaño Sociedad Consultora, dirigida por Zarrías y con una estrecha conexión con el PSOE a lo largo de los años, podría haber tenido un papel significativo en los hechos bajo investigación, en los que se sospecha que se han llevado a cabo actividades ilegales mediante el financiamiento proporcionado por esta empresa.

El PP también destaca que, según informes de prensa, Leire Díez habría sido contratada formalmente por la consultora entre junio y octubre de 2024, lo que añade más leña al fuego de las acusaciones en su contra.

En su alegato, el PP sostiene que mientras Díez Castro recibía un sueldo por servicios no demostrados de la consultora administrada por Zarrías, también se enfocaba en actividades potencialmente delictivas que justificaron la apertura de la causa judicial. Cabe señalar que Zarrías mantiene lazos con figuras destacadas del PSOE, incluyendo a Ana Isabel Mateos, quien anteriormente trabajó en la misma consultora.

Además, el PP señala una clara "coincidencia temporal" entre el contrato de Díez con la empresa de Zarrías y las acusaciones de delitos que enfrenta, lo que refuerza su solicitud de investigar más a fondo las conexiones financieras y laborales de la exmilitante socialista.

En un esfuerzo por esclarecer los hechos, el PP considera fundamental que se obtenga información sobre la relación laboral de Díez, así como registros de pagos y correos electrónicos entre la consultora y otros altos funcionarios del PSOE, incluyendo a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido.

El partido también ha solicitado que el juez convoque a José Ruz, un empresario ya implicado en el denominado 'caso Koldo', para que declare sobre un supuesto pago de 36,000 euros a la consultora en 2022, cuyo propósito aún no ha sido clarificado.

La investigación está siendo llevada a cabo por el juez Arturo Zamarriego, con la declaración de Díez programada para el próximo 11 de noviembre. Se la investiga por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias, en un contexto que incluye denuncias y querellas generadas por grabaciones en las que se escucha a Díez conversando con empresarios vinculados a causas judiciales. Estas charlas, según ella misma, tendrían la finalidad de recopilar información para un libro sobre presuntas irregularidades en el estado.