Redondo exige rectificación por cesión de competencias en violencia de género a Vox en Andalucía
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la cesión de competencias en atención a víctimas de violencia de género a Vox. La comunidad cuenta con 27.885 casos activos en el sistema VioGén, lo que subraya la gravedad de la situación.
El Ministerio de Igualdad considera que esta decisión compromete el compromiso de Andalucía con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático. La cesión a Vox, que ha negado reiteradamente la existencia de la violencia machista, genera preocupación sobre la protección de las víctimas y la gestión de fondos públicos destinados a este fin.
Desde el ámbito político, esta decisión refleja una tensión entre las instituciones autonómicas y el Gobierno central. La ministra Redondo ha manifestado que la medida puede disminuir la efectividad de las políticas públicas en protección a las víctimas, además de poner en riesgo la coordinación y el uso de recursos específicos.
El contexto refleja un escenario de polarización en la política andaluza, donde las decisiones en materia de igualdad y protección social se ven atravesadas por intereses partidistas. La comunidad autónoma lidera en número de casos activos de violencia de género en España, lo que hace aún más sensible cualquier cambio en la gestión de estos recursos.
En perspectiva, esta controversia podría afectar la colaboración institucional futura y la percepción pública del compromiso de la Junta con la lucha contra la violencia machista. La reclamación de la ministra apunta a que la prioridad debe ser la protección efectiva de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en derechos humanos.
El escenario político en Andalucía continúa siendo incierto en este ámbito. La resolución de este conflicto determinará en qué medida las instituciones pueden unir esfuerzos frente a una problemática que requiere protección y recursos adecuados, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una de las mayores vulneraciones de derechos en el país.