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Jueves, 19 de noviembre de 2026 Edición Andalucía · Red Crónica
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Retiran a cinco menores en Castilblanco por condiciones insalubres y venta de drogas

Cinco menores en Castilblanco son retirados por vivir en condiciones insalubres y en un entorno de venta de drogas, evidenciando retos sociales y policiales.

Redacción automática · Crónica Andalucía 2 min de lectura

El pasado 30 de marzo, agentes de la Policía Nacional en colaboración con los servicios sociales retiraron a cinco hermanos menores de edad en Castilblanco, Sevilla. Los menores, de entre 1 y 14 años, vivían en una vivienda en condiciones extremas de insalubridad y en un entorno vinculado al tráfico de drogas. La intervención se produjo tras detectar que la vivienda era utilizada como punto de venta de estupefacientes y que los niños presentaban absentismo escolar grave.

El contexto de esta operación refleja un problema de desprotección infantil en zonas rurales y urbanas de Andalucía. Pese a los requerimientos de los servicios sociales, la madre de los menores no adoptó medidas para mejorar las condiciones de vida. La investigación revela que la progenitora, con antecedentes policiales, evitaba la intervención policial ocultando a los niños, lo que llevó a solicitar autorización judicial para acceder al domicilio.

Este incidente evidencia las dificultades del sistema de protección infantil ante situaciones complejas. La presencia de actividades ilícitas en viviendas habitadas por menores supone un riesgo elevado para su integridad física y emocional. La actuación policial, sin incidentes, busca garantizar la protección de los menores y su traslado a centros adecuados.

Desde una perspectiva política, este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los recursos y protocolos en la lucha contra el tráfico de drogas y la protección infantil. La respuesta institucional se enmarca en la política de la Junta de Andalucía para combatir las condiciones de vulnerabilidad en zonas con altos índices de exclusión social.

En el contexto más amplio, estos hechos reflejan un reto persistente en la lucha contra las dinámicas delictivas y la desigualdad social. La coordinación entre fuerzas policiales, servicios sociales y administración pública es clave para prevenir situaciones similares en el futuro y mejorar la protección de los menores en entornos vulnerables.

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