SEVILLA, 26 de noviembre. En un acto que refleja la creciente frustración de los sindicalistas andaluces, varias organizaciones, incluyendo CSIF-A, CCOO-A, UGT-A, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y la Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), se han unido este martes en una masiva movilización a lo largo de las ocho provincias de Andalucía. El objetivo de estas protestas es exigir mejoras retributivas para el personal funcionario y expresar su descontento por el silencio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, frente a sus reivindicaciones legítimas y persistentes.

En una publicación emitida por el sindicato CSIF, su presidente para la Administración General de la Junta de Andalucía, José Manuel Dorado, ha manifestado su profunda indignación ante lo que considera un claro desprecio por parte del Gobierno andaluz. Según Dorado, su solicitud para renegociar la actualización de los complementos específicos mediante la Ley de Presupuestos ha sido ignorada, así como la urgente necesidad de corregir las notablemente depreciadas condiciones salariales de los empleados públicos.

Dorado ha subrayado que los complementos específicos del personal no han sido revisados en más de dos décadas, advirtiendo que no es aceptable continuar soportando una pérdida del poder adquisitivo que supera el 16%. Además, ha destacado la preocupante situación en la que se encuentra el personal auxiliar administrativo, el cual actualmente sólo percibe el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que otros funcionarios se sitúan por debajo de la media de sus colegas en otras comunidades autónomas.

El dirigente sindical no ha escatimado críticas hacia el gobierno regional, recordando que en 2023 se aprobaron aumentos salariales en todos los sectores, salvo para el personal de la Administración General. Esto pone de manifiesto, según CSIF, que este colectivo ha sido el más desatendido en el contexto de la política retributiva del Gobierno andaluz. Es “inaceptable”, afirma Dorado, que los altos cargos, quienes han visto incrementados sus sueldos en un 18% en los últimos meses, dejen a los empleados de la Administración General en un estado de “ostracismo absoluto”.

Con la intención de hacer valer sus derechos, los representantes sindicales han comunicado sus demandas a todos los grupos parlamentarios y han dejado claro que las movilizaciones continuarán hasta que el Gobierno andaluz muestre un verdadero interés por resolver su situación. No se descarta, anuncian, la posibilidad de convocar una huelga general si las circunstancias así lo exigen.

Antes de llevar a cabo las concentraciones en cada provincia, los representantes de los sindicatos convocantes presentaron un documento en el registro de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ubicado en Plaza Nueva. Este escrito incluía 9.255 firmas que respaldan sus reivindicaciones, demostrando así la amplia naturaleza del apoyo social en torno a sus demandas.