SEVILLA, 12 de octubre. La Fiscalía ha solicitado una pena de nueve años de cárcel para un hombre de 29 años, quien se desempeña como portero en una discoteca popular de la Alameda de Hércules de Sevilla. Este individuo enfrenta cargos por agresión sexual con acceso carnal y por ejercer violencia, tras haber apartado a una joven del grupo que la acompañaba para llevarla a una sala donde presuntamente cometió actos sexuales sin su consentimiento.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los sucesos ocurrieron en enero de 2023. La joven asistió a la discoteca y, aprovechando su rol, el acusado invitó tanto a ella como a su acompañante a probar un chupito de fresa en un área adyacente del establecimiento.

Pasados unos diez minutos, el portero regresó y, usando la fuerza, condujo a la víctima a un pequeño cuarto donde, según las acusaciones, llevó a cabo actos de carácter sexual sin su consentimiento, a pesar de que la joven se opuso repetidamente. Después del ataque, logró reunirse con su acompañante antes de dirigirse a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente.

Las secuelas del incidente llevaron a la víctima a experimentar dolor en la cadera, a causa del forcejeo, así como la aparición de un hematoma. Adicionalmente, ha presentado síntomas que coinciden con un trastorno adaptativo leve, asociado con una ansiedad y depresión, considerados como secuelas psicológicas resultantes del estrés postraumático.

Entre las sanciones que la Fiscalía ha propuesto se encuentra la inhabilitación del acusado para ejercer su derecho al voto mientras cumpla la condena, así como ocho años de libertad vigilada tras completar su tiempo en prisión. También se solicita una prohibición de trabajar en profesiones que impliquen contacto directo con menores, por un periodo de doce años.

El Ministerio Público además está pidiendo que se restrinja la proximidad del acusado a la víctima, exigiendo que no pueda acercarse a menos de 300 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años. También se sugiere que el condenado no pueda recibir un tratamiento penitenciario de tercer grado hasta haber cumplido la mitad de su condena, momento en el que podría ser reemplazada la sanción por la expulsión del país durante ocho años, dado que el acusado no cuenta actualmente con documentación legal en España.

El juicio de este caso se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.