La Junta y el Gobierno de España resuelven sus discrepancias sobre la Ley de Vivienda en Andalucía, priorizando el diálogo institucional y la seguridad jurídica.
Andalucía se opone a la ayuda de 25 millones para Ceuta si dependiera de Vox, reflejando tensiones políticas y de competencias en inmigración.
Andalucía y otras comunidades exigen a España que remitan a Bruselas alegaciones sobre la reforma del Reglamento de Costas, priorizando competencias autonómicas.
El Supremo anula el registro nacional de alquileres turísticos por invadir competencias autonómicas. Andalucía recurre por invasión de atribuciones y diálogo.