La defensa de Juan David R.C., un hombre bajo investigación por el presunto asesinato de un niño de cuatro años en Garrucha (Almería) a inicios de diciembre, ha interpuesto una solicitud para que se anule el registro realizado en su domicilio. Argumentan que esta acción se llevó a cabo "sin su conocimiento", dado que no estuvo presente en el momento del registro y no se le ofreció la posibilidad de renunciar a su derecho de estar presente.

El abogado que representa al investigado, Manuel Martínez Amate, ha instado al juez a que se desestimen 17 pruebas, objetos e indicios que fueron hallados en las áreas comunes de la vivienda, así como en la habitación compartida. Su petición se basa en la premisa de que la recopilación de estas evidencias se realizó sin cumplir con los procedimientos legales apropiados.

El registro tuvo lugar el 4 de diciembre alrededor de las 17:15 horas, con la única presencia de la madre del menor, que también está bajo investigación, Barbar B.O., junto a su abogada. Por esta razón, el bufete MCHM Abogados ha solicitado que se eliminen todas las menciones a este registro en los informes periciales, argumentando una violación de derechos fundamentales.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado sostiene que cualquier registro domiciliario debería llevarse a cabo en presencia del interesado o de su representante legal. Subraya que este protocolo no se cumplió en este caso, ya que el investigado había sido arrestado por la Guardia Civil en el momento del registro.

El abogado reconoce que, aunque la madre del niño estaba presente en su hogar durante el registro, existe un "conflicto evidente de intereses y estrategias defensivas" entre los co-investigados, lo que perjudica los derechos de su defendido. A pesar de encontrarse en prisión, su ausencia del registro implica una "indefensión material absoluta" que no puede ser ignorada.

Con la reciente autorización de un auto de inhibición del juez que transfiere parte del caso al juzgado especializado en violencia de género, la defensa considera que esto demuestra la incompatibilidad entre las defensas de su cliente y la de la madre del menor. Se refieren a este conflicto como "insalvable", destacando que sería "jurídicamente insostenible" que una supuesta "víctima" de violencia de género pudiera resguardar los derechos constitucionales de un presunto agresor, dado el choque de intereses claro entre ambas partes.

El investigado permanece en prisión provisional por el supuesto delito de asesinato y ha sido recientemente trasladado desde el centro penitenciario de El Acebuche, en Almería, a la cárcel de Albolote, en Granada. Este cambio se realizó tras una solicitud de protección debido a temores por su integridad física en prisión.

La defensa del acusado ha informado en un escrito, fechado el 22 de diciembre, que su cliente fue objeto de "amenazas de muerte directas" y que sufrió un "intento de agresión multitudinaria" en el módulo donde se encontraba, aunque este último no llegó a perpetrarse gracias a la intervención de otro recluso.

A pesar de su reubicación a un nuevo módulo, la defensa considera que la medida resultó insuficiente e ineficaz, pues su cliente sigue expuesto a otros internos que conocen su identidad y los cargos que enfrenta, incluyendo una supuesta agresión sexual al menor.

En respuesta a estas preocupaciones, las autoridades de Instituciones Penitenciarias decidieron proceder con el traslado del investigado a una prisión cercana en Granada para salvaguardar su seguridad.