Andalucía abre a opinión ciudadana el decreto para llevar a cabo la Ley de reconocimiento de autoridad docente.

Andalucía abre a opinión ciudadana el decreto para llevar a cabo la Ley de reconocimiento de autoridad docente.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Andalucía ha comenzado una consulta pública previa para el proyecto de Decreto de reconocimiento de autoridad del profesorado. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer medidas de apoyo y reconocimiento al profesorado, así como regular el procedimiento disciplinario en los centros educativos no universitarios.

El Parlamento andaluz aprobó en julio de 2021 la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, la cual busca destacar la importancia de los docentes en el sistema educativo y garantizar un ambiente de convivencia adecuado en las escuelas.

Actualmente, la Junta está trabajando en la elaboración del decreto para desarrollar esta ley. Para recabar distintas opiniones, se ha abierto una consulta pública que invita a la ciudadanía, organizaciones y asociaciones a realizar aportaciones sobre el proyecto. El plazo para enviar las contribuciones es del 6 al 27 de octubre, a través de una dirección de correo electrónico específica.

Los problemas que se pretenden solucionar con este decreto están relacionados con el respeto y la consideración hacia los profesores por parte de los estudiantes, padres y el resto del claustro. También se busca otorgarle al profesorado la potestad de tomar decisiones rápidas y efectivas para mantener un ambiente de estudio adecuado. Además, se persigue fomentar la colaboración de los padres en el cumplimiento de las normas de convivencia y brindarle al profesorado protección jurídica acorde a sus funciones.

La Junta de Andalucía se compromete a apoyar al profesorado y velar por su trato y reconocimiento adecuados. Para lograrlo, se llevarán a cabo campañas de difusión e información que aumenten su consideración y prestigio social.

En resumen, este proyecto de decreto tiene como finalidad reconocer y reforzar la autoridad del profesorado, establecer medidas de apoyo y protección, y regular el procedimiento disciplinario en los centros educativos.

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