SEVILLA, 8 de septiembre.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, ha salido al paso de las insinuaciones sobre el traslado de menores migrantes no acompañados al País Vasco. Al término de una reunión en Madrid con su homóloga vasca, Nerea Melgosa, López ha dejado claro que la Junta de Andalucía no está enviando menores bajo su tutela a dicha comunidad, desmintiendo así rumores que provienen de ciertos sectores.

La reunión, realizada en las oficinas de la Junta en la capital española, se caracterizó por un ambiente de colaboración y disposición para avanzar en el bienestar de los menores. López remarcó el compromiso de ambas administraciones para mantener un diálogo constructivo en torno a este delicado tema, según la información oficial proporcionada por su departamento.

Durante el encuentro, López aclaró que en ningún momento el lehendakari, Imanol Pradales, insinuó que existieran transferencias de menores desde Andalucía al País Vasco. También expresó su preocupación por las afirmaciones realizadas por la vicepresidenta del Gobierno central, María Jesús Montero, quienes han intentado vincular a la Junta con estas acusaciones.

López reconoció que el País Vasco enfrenta un flujo migratorio considerable procedente de Andalucía, destacando que nuestra comunidad es la frontera sur de Europa y que su proximidad a África —con casi 900 kilómetros de litoral— la convierte en un punto sensible en cuestiones migratorias. Por ello, la consejera hizo un llamado al Gobierno español para que reconozca este hecho y actúe en consecuencia.

Subrayando la importancia de la geografía andaluza, hizo hincapié en la necesidad de que Andalucía reciba el reconocimiento adecuado como frontera sur, al igual que el País Vasco debe exigir su status ante el Gobierno central, en sintonía con su situación geográfica particular.

López enfatizó que la divergencia en materia migratoria no se da entre Andalucía y el País Vasco, sino con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha impuesto una política de reparto desigual de menores migrantes entre las comunidades. Mientras que a Andalucía se le asigna una carga considerable de cerca de 700 menores, otras regiones como el País Vasco y Cataluña no reciben asignaciones que reflejen su situación.

La consejera apuntó que, a pesar de reconocer el esfuerzo del País Vasco en la acogida de menores migrantes, no acepta que el Gobierno central imponga a Andalucía la carga desproporcionada de 677 menores, especialmente considerando que muchos de estos han sido trasladados bajo la apariencia de haber alcanzado la mayoría de edad.

López destacó la necesidad de que el Gobierno de España tome responsabilidad en la gestión de estos menores, subrayando que es Andalucía la que está asumiendo los costos de una situación de la que el Ejecutivo central parece querer desentenderse.

Por último, tanto López como Melgosa coincidieron en la urgencia de solicitar al Gobierno un plan estructural que aborde de manera integral la inmigración, instando a Sánchez a que cumpla con sus competencias en esta materia y a que realice una adecuada coordinación con las comunidades autónomas, además de proporcionar la financiación necesaria para afrontar esta crisis humanitaria.