Andalucía ha sido identificada como la comunidad autónoma con el tiempo de espera más prolongado para la tramitación de solicitudes de dependencia, alcanzando los 574 días. Aunque este plazo ha disminuido en 28 días desde el último semestre, sigue siendo alarmantemente superior al resto del país, según un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, el cual se basa en datos provisionales recopilados por los responsables de Servicios Sociales.

Este informe revela que el tiempo promedio desde la presentación de una solicitud hasta la resolución del expediente es preocupante. En junio de 2025, la media en España se situó en 342 días, superando en ocho días el dato registrado a principios de año, lo que contraviene el límite legal establecido de 180 días.

En concreto, Andalucía enfrenta una situación crítica con 50.303 personas en espera de algún procedimiento relacionado con la dependencia, siendo solo superada por Cataluña, donde se encuentran 77.745 personas en la misma situación. En total, España acumula 286.861 personas en lista de espera a fecha de 30 de junio, lo que representa un aumento de 16.536 personas desde principios de año. Se trata del primer incremento en la lista de espera en la dependencia en el primer semestre desde hace una década.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado un "cambio de tendencia" en esta situación, ya que el descenso continuo en las listas que se observó desde 2015 ha sido reemplazado por un incremento cercano al 6% en los primeros seis meses de 2025. Según sus cálculos, si el ritmo actual se mantiene, alcanzar la atención plena en dependencia tomaría hasta 94 años.

El informe revela que 136.009 personas están a la espera de ser valoradas, 123.857 aguardan la elaboración de su Plan Individual de Atención (PIA), y 26.995 han recibido la aprobación del PIA pero aún no tienen garantizada la prestación. Esta situación es catalogada como "preocupante" por los directores, especialmente en cuatro comunidades donde las listas de espera han crecido más de un 20%: Valencia (+21,8%), Madrid (+32,8%), Castilla La Mancha (+63,4%) y Cantabria (+64%). Sin embargo, estas comunidades comienzan desde cifras de espera muy bajas.

En el extremo opuesto, Galicia, Castilla y León y Navarra han logrado reducir sus listas de espera en porcentajes significativos. Catalunya, por su parte, ha registrado el mayor aumento absoluto, sumando 7.972 personas a su lista de espera, seguida por Valencia y Madrid. Las comunidades que han conseguido descender el número de personas en espera son Canarias y Castilla y León.

A nivel general, se observa un crecimiento del 3,2% en el número de personas que tienen derecho a recibir algún tipo de prestación. Este aumento es más marcado en Canarias, Galicia y Asturias. Sin embargo, la situación sigue siendo desigual, con un "limbo de la dependencia" presente en comunidades como Canarias, País Vasco y Cataluña, donde los porcentajes son significativamente más altos en comparación con otras regiones.

Con respecto a los plazos de tramitación, solo cuatro comunidades y Ceuta, junto con Melilla, cumplen con el límite establecido por ley de 180 días. En el otro extremo, Andalucía, Murcia y Canarias presentan tiempos de espera que oscilan entre los 521 y 574 días. Es notable que, en el primer semestre, Murcia y Madrid han incrementado de manera considerable sus plazos, mientras que otros, como Canarias y Andalucía, han logrado reducirlos.

La tragedia también se hace notar en las cifras de personas que no han podido acceder a ayudas, con 8.004 fallecimientos registrados en espera de dependencia en los primeros cinco meses del año. De estas, 3.960 personas estaban pendientes de resolución de grado y 4.044 no pudieron ejercer sus derechos, lo que equivale a una persona fallecida cada 15 minutos.

La Asociación ha denunciado un discurso "triunfalista" por parte de los gobiernos, argumentando que aunque el número de beneficiarios siempre aumenta, la situación real es alarmante, con decenas de miles en listas de espera. Además, han señalado un descenso en las plazas residenciales y en centros de día, lo que agrava aún más la situación.

A pesar de que las listas de espera habían mostrado una tendencia a la baja desde 2015, los datos de 2025 apuntan a un cambio significativo, con 16.536 nuevas esperas para procedimientos de dependencia en comparación con el inicio de año.

Por último, los directores de Servicios Sociales han enfatizado la necesidad de una mejor financiación, subrayando que el Gobierno de España detuvo en 2024 el aumento de 600 millones de euros que había sido implementado en años anteriores. Este recorte se ha traducido en limitaciones en las prestaciones y servicios, a pesar del crecimiento en el número de beneficiarios.