Sevilla, 27 de junio. La Junta de Andalucía ha expresado su firme oposición al borrador del Real Decreto que el Gobierno español ha presentado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Este borrador, que busca regular el proceso de reubicación de menores migrantes, es una continuación del Real Decreto-ley 2/2025, el cual ha sido impugnado por once comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional debido a sus posibles implicaciones legales.

La declaración de la Junta fue realizada por Concha Cardesa, secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, quien participó en la Conferencia junto a otros representantes del Gobierno andaluz, que se llevó a cabo tanto de forma presencial en el Ministerio de Juventud e Infancia como de manera telemática.

El Real Decreto-ley 2/2025, que fue aprobado el 18 de marzo en un Consejo de Ministros, tiene como fin establecer medidas urgentes para asegurar el interés superior de la infancia durante situaciones de crisis migratorias. Esta normativa propone reformar la Ley de Extranjería y establecer un sistema obligatorio para la acogida de menores migrantes.

Hasta la fecha, once comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular, incluyendo Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia, han presentado impugnaciones en contra de esta normativa o han manifestado su intención de hacerlo.

El 11 de junio, el Consejo de Gobierno de Andalucía tomó la decisión de autorizar la acción del Gabinete Jurídico para presentar un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que el decreto afecta a derechos fundamentales de los menores y que podría violar principios constitucionales como la autonomía, la solidaridad y la suficiencia financiera.

Cardesa calificó de “inadmisible e imprudente” que el Gobierno central continúe adelante con el desarrollo de esta regulación, a pesar de que casi el 65% de las comunidades autónomas han expresado su intención de recurrirla. Esta reacción, según ella, demuestra la falta de lealtad y diálogo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hacia las comunidades autónomas.

Además, la secretaria general ha solicitado que el Gobierno reconozca a Andalucía como Frontera Sur, una categoría que, según ella, se está negando a esta región mientras que se concede a otras comunidades del norte de España, lo que ha calificado como “una burla” a la comunidad andaluza.