Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior y Simplificación Administrativa de Andalucía, ha presentado este viernes la postura de su gobierno respecto al manejo de menores migrantes no acompañados, calificando de inaceptable la “imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez en la distribución de estos menores entre las comunidades autónomas. Según Sanz, esta práctica convierte a los menores en “mercancía política”, lo que no se puede permitir.

Durante una rueda de prensa en Algeciras, Sanz abordó la controversia surgida tras la decisión de los gobiernos autonómicos del PP de no aceptar el régimen de reubicación de menores auspiciado por la Administración central. Esta decisión se enmarca en una reunión de la Comisión Sectorial de Juventud e Infancia, en la que se discutía el reparto de menores que han llegado a Canarias.

El consejero se mostró rotundo al afirmar que el Gobierno de Sánchez ha adoptado un enfoque impositivo en materia de políticas migratorias y no busca el diálogo. “Para ellos, los menores son un medio de negociación y no una cuestión que deba abordarse con las comunidades autónomas”, argumentó.

En su intervención, Sanz criticó que se propusiera que Andalucía asumiera la responsabilidad de acoger a 677 menores, mientras que comunidades como Cataluña y el País Vasco no recibirían ninguno. El consejero cuestionó la lógica de este reparto, sugiriendo que se podría estar creando un desequilibrio entre territorios, favoreciendo a los que no toman en cuenta la solidaridad en esta crisis.

“¿Acaso esta es la forma en que Sánchez busca mantenerse en el poder?”, se preguntó Sanz, al tiempo que insistió en que los menores no pueden ser utilizados como un elemento de negociación política. Durante su intervención, subrayó que el Gobierno andaluz había comunicado al central que no se aceptará el uso de menores con fines políticos.

Además, Sanz indicó que Andalucía ha recibido en los últimos meses a 634 jóvenes inmigrantes, quienes, afirmó, habían sido enviados bajo la premisa engañosa de ser adultos. “Nuestro sistema de acogida ha llegado a un punto de saturación”, advirtió, enfatizando que “tenemos casi el 100% de ocupación”, lo que dificulta aún más la situación.

El consejero abogó por un enfoque de solidaridad inclusiva que no dependa de unos pocos privilegiados que no están recibiendo la misma carga. “La infraestructura necesaria para atender a estos menores es vital y Andalucía ha alcanzado su límite con el sistema actual”, subrayó.

Aunque Sanz defendió el compromiso de Andalucía de seguir acogiendo a menores, enfatizó que esto debe hacerse de manera ordenada y con los recursos necesarios. La situación actual, según él, refleja un “desastre monumental” en la gestión de la inmigración por parte del Gobierno central, que, lejos de ofrecer soluciones, amenaza con deteriorar el modelo de atención en su comunidad.

Finalmente, Sanz destacó que el objetivo de Andalucía es siempre brindar la mejor atención y protección a los menores. Reiteró que la comunidad sigue comprometida a acoger a quien lo necesite, pero instó a que este proceso sea compatible con la capacidad de atención necesaria. Más aún, criticó a las comunidades que no participarán en el reparto, sugiriendo que sus acciones son motivadas por intereses políticos en lugar de un verdadero compromiso con la solidaridad.