SEVILLA, 14 de diciembre. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, bajo la dirección de María del Carmen Castillo, se prepara para implementar un nuevo decreto que regulará la reducción de la carga administrativa para docentes y directivos, así como el uso de dispositivos móviles en las aulas andaluzas. Este decreto, cuya entrada en vigor está prevista para el curso escolar 2025/2026, se encuentra actualmente en proceso de elaboración y se aceptan aportaciones de la ciudadanía.

En declaraciones ofrecidas a Europa Press, María del Carmen Castillo destacó que su departamento está "trabajando" en este decreto de simplificación administrativa, que contempla modificaciones a los reglamentos orgánicos de los centros educativos. "Incorporaremos la regulación del uso de dispositivos digitales", afirmó, sosteniendo además que "soy partidaria de limitar el uso de los móviles". Sin embargo, aclara que en educación infantil y primaria, por lo general, no se utilizan estos dispositivos; y en secundaria, su uso está relacionado con el proyecto educativo específico de cada institución.

La consejera subraya que el desafío presentado por el uso de los móviles no radica exclusivamente en el ámbito educativo, donde se podría enseñar a los estudiantes un uso más apropiado de la tecnología, sino que es un problema social que involucra a las familias. "No podemos permitir la entrada de móviles al colegio, pero muchas veces los niños reciben un móvil como regalo en su Primera Comunión. Sin la colaboración y regulación familiar, es muy complicado para nosotros", explica Castillo.

Castillo también puntualiza que el nuevo proyecto de decreto para simplificar la carga administrativa ha sido una demanda constante de los sindicatos y de toda la comunidad educativa. La consejera reconoce que la Junta persigue mitigar la impresión generalizada de que existe una excesiva burocracia que distrae a los educadores de su principal tarea: la enseñanza.

"Nuestra intención es comenzar a simplificar aquellos aspectos que los propios docentes nos han transmitido a través de sus organizaciones, así como las inquietudes expresadas por los equipos directivos y la inspección educativa", detalló. A pesar de esto, señala que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ha aumentado significativamente la carga de trabajo para los profesores debido a los informes requeridos, lo que resulta en una acumulación de trámites que lejos de ayudar, obstaculiza el ejercicio docente.

La consejera avanza que se están evaluando las herramientas necesarias para facilitar la digitalización y racionalización de procesos. "Vamos a identificar cuáles informes son imprescindibles, y en el caso de los equipos directivos, podremos simplificar los protocolos. Estamos en plena valoración de la documentación que se considera redundante, con la meta de tener un primer borrador antes del mes de julio, de manera que la simplificación se implemente para el curso 2025/2026", expone Castillo.

Este nuevo decreto busca estructurar de manera más eficiente los procedimientos regulados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Al mismo tiempo, pretende mejorar la gestión de los recursos, optimizando la organización de los centros educativos, la gestión del tiempo y la comunicación entre los distintos actores de la comunidad educativa y la administración, tanto en los centros como en los servicios educativos.

Los objetivos establecidos por esta iniciativa incluyen la racionalización de la intervención administrativa, la creación de herramientas que faciliten la simplificación de procesos, y la mejora en el acceso de la ciudadanía a los servicios educativos. Asimismo, se busca desburocratizar la labor docente, fortalecer la autonomía de los centros y potenciar las competencias de los equipos directivos.

Respecto al uso de móviles en las aulas, el anterior departamento de Desarrollo Educativo había anunciado en marzo de este año que se prohibiría “cualquier tipo de uso del móvil y otros dispositivos personales análogos” hasta el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A partir del tercer curso, el uso del móvil estaría permitido solo con fines “exclusivamente didácticos y bajo criterios pedagógicos justificables en el proyecto educativo del centro”.

La regulación se extenderá a toda la jornada escolar, abarcando recreos, actividades extraescolares y transporte, así como todos los espacios educacionales, incluyendo comedores y zonas comunes. Esta decisión se enmarca en las recomendaciones del Consejo Escolar de Andalucía, que instó a la Consejería a que estas medidas se implementaran a través de modificaciones a los decretos existentes en vez de instrucciones administrativas.