ALMERÍA, 14 de marzo.

Los consejeros de pesca de Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han hecho un llamamiento al Gobierno central para que implemente ayudas que mitiguen la "pérdida de ingresos" que sufren los pescadores de arrastre en el Mediterráneo. Este reclamo surge ante la percepción de que las medidas acordadas para actualizar las técnicas y la flota no son suficientes para responder a las exigencias de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a la optimización de los días de actividad pesquera.

Durante un encuentro celebrado en Almería, los representantes de los gobiernos autonómicos expresaron su "alarma" por la delicada situación que atraviesa la pesca de arrastre en el Mediterráneo. El consejero andaluz de Pesca, Ramón Fernández-Pacheco, subrayó que este sector ha sido "históricamente perjudicado" por decisiones tomadas en Bruselas, las cuales han sido respaldadas por la actual administración española.

Fernández-Pacheco recordó que a finales de 2024 se implementó un nuevo esquema de cuotas para proteger a las poblaciones de peces de fondo. En el caso del arrastre en el Mediterráneo occidental, esto significaba una reducción de hasta 130 días de pesca, dependiente de la inclusión de medidas compensatorias que deberían contar con el apoyo del Gobierno.

El consejero andaluz enfatizó que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se había comprometido a recuperar esos 130 días de pesca y a financiar completamente las medidas compensatorias. Sin embargo, Fernández-Pacheco criticó el "incumplimiento evidente" de esta promesa durante sus conversaciones con representantes del sector pesquero.

Además, destacó que aspectos como la financiación de los dispositivos de pesca, que son cruciales para la recuperación de días de faena, no recibirán el 100% de apoyo del Ministerio, a pesar de lo que Planas había garantizado a los representantes de las comunidades autónomas.

Planas, por su parte, anunció el jueves en una comisión del Congreso medidas como la próxima convocatoria de ayudas para actualizar las redes de pesca, una vez que se haya modificado la normativa pertinente sobre la gestión del Mediterráneo.

Sin embargo, el consejero andaluz dejó claro que las comunidades autónomas no tienen la capacidad de establecer un calendario de paradas, ya que "el Ministerio no ha convocado la conferencia sectorial" necesaria para ello.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, criticó el "silencio" del MAPA respecto a la financiación de medidas de compensación desde la reunión de enero pasado. "No hay una acción clara por parte del Gobierno que oriente a los pescadores", subrayó, instando a que se aprueben ayudas y se efectúen modificaciones reglamentarias necesarias para su implementación.

Rubira también reclamó la actualización de estudios sobre el estado de los caladeros, argumentando que "hoy en día hay pesca y los pescadores están capacitados para trabajar". Insistió en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actúe para respaldar a un sector que, como dijo el consejero de Andalucía, está deseoso de operar.

La consejera murciana hizo hincapié en el impacto socioeconómico que las medidas propuestas tienen en el empleo del sector, solicitando la revisión de un reglamento que actualmente "asfixia" a los pescadores.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, advirtió que si no se adoptan medidas para garantizar la viabilidad del sector, se podría estar condenando a la pesca de arrastre a un "amarre definitivo".

Barrachina añadió que en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 25% la pesca artesanal en 2024 en comparación con 2023. “Cuando hay más pescado, no puede haber escasez de pescadores”, enfatizó, pidiendo la rápida aprobación de ayudas que compensen los ingresos que van a perder los pescadores.

El conseller también pidió un cambio urgente en la normativa pesquera, lamentando que las restricciones actuales han resultado en la pérdida de días de actividad y de numerosos barcos.

Finalmente, instó a la realización de contribuciones conjuntas en una consulta pública, mostrando optimismo ante la posibilidad de un cambio en la comisaría europea que considere las consecuencias sociales, económicas y ambientales que tendría la pérdida de la pesca de arrastre, y así la de toda la pesca artesanal en el Mediterráneo.

Barrachina concluyó recordando el impacto de estas políticas en el consumidor final, subrayando que no es justo que los españoles tengan que depender exclusivamente del pescado importado de Marruecos y Argelia, y defendió la "viabilidad" del sector, compatible con la sostenibilidad de los recursos pesqueros.