La Junta de Andalucía ha expresado su descontento ante la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la cual consideran "intervencionista". Han anunciado que, una vez tengan el texto completo de la ley, la supervisarán para asegurar que no viola las competencias de las comunidades autónomas y se ajusta a la legislación española actual. En el caso de que lo haga, tomarán las medidas necesarias.

La ley en cuestión, aprobada con el apoyo de los partidos ERC y Bildu en el Congreso, establece límites al aumento de alquileres del 2% en 2023 y del 3% en 2024, así como disminuye la definición de gran tenedor de diez a cinco viviendas. La Junta de Andalucía, encabezada por Juanma Moreno del Partido Popular (PP-A), ha sido crítica con la ley, considerando que "la regulación de los precios de los alquileres y la declaración de zonas tensionadas que recoge la Ley de Vivienda son medidas intervencionistas", además de indicar que es "permisiva con la ocupación ilegal".

La Junta subraya que han solicitado sin éxito en varias ocasiones al Ministerio de Transportes que informe a las comunidades autónomas y que consensúen con ellas el texto legislativo de esta Ley de Vivienda, siendo las comunidades autónomas responsables de esta área. Andalucía ha anunciado que pedirá la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda, por lo que se le informará de una ley que se ha hecho sin la intervención de las comunidades autónomas afectadas y que es competencia de las mismas. La Junta defiende que su enfoque se basa en el aumento de oferta de viviendas a precios asequibles para que el mercado se autorregule, lo que ha llevado a la construcción de 10.000 viviendas en Andalucía en los últimos cuatro años, muchas de ellas de alquiler y dirigidas por ayuntamientos y promotores públicos y privados.

Finalmente, la Junta ha subrayado que las competencias en materia de vivienda corresponden a cada comunidad autónoma y ha advertido de que, después de la afirmación de que supervisarán la ley para garantizar que no se violen las competencias de las comunidades autónomas y que se ajusta a la legislación española actual, tomarán las medidas necesarias si esto no ocurre.