La reciente detención de Carlos Fernández, exconcejal de Marbella, ha captado la atención del panorama político y judicial español. Fernández, quien ha estado evadiendo la justicia desde el inicio del caso de corrupción conocido como 'Malaya', fue arrestado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fuentes del ámbito jurídico han confirmado que se encuentra ya a disposición de la Audiencia Nacional tras su llegada desde Argentina.

El arresto de Fernández se produjo en la mañana del miércoles, tras ser identificado en un control policial del aeropuerto. Este exedil, que había estado residenciado en Argentina durante varios años, fue detectado tras aterrizar en un vuelo procedente de su país de refugio, lo que ha llevado a su inmediata detención.

Su historia con la justicia se remonta a 2006, cuando la Policía Nacional realizó registros en su vivienda en el contexto de la operación 'Malaya'. En ese momento, y coincidiendo con la segunda fase de la investigación, su abogado presentó un documento en el que afirmaba que Fernández se ponía a disposición de los tribunales mientras supuestamente realizaba el Camino de Santiago. Sin embargo, desde entonces, su paradero había permanecido como un enigma hasta 2017.

En septiembre de 2017, el exconcejal, quien fue miembro del Partido Andalucista, fue finalmente detenido en Argentina. Este suceso tuvo lugar después de que Fernández intentara gestionar en España la prescripción de los delitos que pesaban sobre él en varias causas judiciales, entre las que destacan 'Malaya' y 'Saqueo II'. La Audiencia Nacional se había declarado competente en estos procesos.

En noviembre de 2017, el Gobierno español tomó la decisión de enviar a las autoridades argentinas seis solicitudes de extradición relacionadas con los presuntos delitos que Fernández había cometido mientras era concejal en Marbella. Estas solicitudes se centraban en su conducta atribuida a la malversación de fondos públicos y la falsificación de documentos en el marco del 'Saqueo II'. Este caso se refiere a su actuación en las legislaturas donde gobernaba el Grupo Independiente Liberal (GIL).

Además, las otras cinco solicitudes de extradición estaban ligadas a distintos juzgados de Marbella y abarcaban delitos que incluían la alteración del ordenamiento territorial, cohecho, y otras irregularidades administrativas. La narrativa de su largo proceso judicial se complica aún más debido a que un tribunal argentino aceptó extraditar a España a Fernández en relación a uno de los casos, pero su decisión fue objeto de apelación.