La Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia condenando a penas de prisión a nueve de los acusados en el caso de la fábrica ilegal de tabaco en Ventas de Zafarraya, ubicada en la pedanía alhameña de Pilas de Algaida. El acuerdo de conformidad incluye penas de 20 meses de cárcel para los condenados, mientras que otro acusado ha aceptado dos meses de prisión.

En un principio, trece personas fueron procesadas en este caso, con uno de ellos fallecido y dos en busca y captura. Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria, diez de los acusados han sido condenados por pertenencia a organización criminal y contrabando. Los cargos por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores han sido retirados por imposibilidad de localización de los testigos.

Originalmente, la acusación pública pedía penas que iban desde seis a catorce años de prisión para todos los procesados, por delitos como pertenencia a organización criminal, contrabando y derechos de los trabajadores. Sin embargo, el acuerdo de conformidad ha reducido estas penas, que incluyen el pago de una cuantía económica a la Agencia Tributaria y multas individuales.

La organización criminal, compuesta por españoles, rusos y ucranianos, operaba entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada con el fin de lucrar económicamente con la fábrica ilegal de tabaco. Las labores estaban perfectamente distribuidas y cesaron tras la intervención judicial en 2017.

El ciudadano ruso y su cómplice ucraniano, actualmente en busca y captura, tenían experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este. La mayoría de los trabajadores extranjeros sin permiso que participaban en la producción de cigarrillos eran de Ucrania y se movilizaban para distribuir los productos bajo el nombre comercial de J5, evadiendo impuestos.

El operativo judicial llevado a cabo en diciembre de 2017 culminó con el decomiso de maquinaria, vehículos, tabaco y otros materiales en un almacén de Chauchina. La mercancía incautada tenía un valor de mercado superior a los 1,1 millones de euros, multiplicando por casi 76 veces el límite para considerarlo una simple infracción administrativa.