La tramitación de la ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional (TC) ha sido suspendida en Sevilla, en espera de una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión forma parte de un proceso relacionado con la anulación de condenas a varios ex altos cargos andaluces, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha tomado la determinación de elevar una cuestión prejudicial al TJUE para dirimir sobre la implementación de estas sentencias, con el objetivo de prevenir un posible precedente de impunidad en el futuro y proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Un extenso auto de 61 páginas emitido por la Audiencia a principios de esta semana argumenta que el TC podría haberse extralimitado en su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación al anular las condenas impuestas previamente. La Audiencia ha solicitado a las partes implicadas que analicen si estas interpretaciones son coherentes con las exigencias internacionales en la lucha contra la corrupción.

El TC, en sus recientes decisiones, ha criticado la interpretación que hizo la Sección Primera en su fallo anterior, argumentando que dicha interpretación desafía el derecho fundamental a la legalidad penal. En su opinión, participar en la elaboración de presupuestos no debería ser visto como una resolución administrativa sujeta a la prevaricación.

La Sección Primera, ante las dudas sobre la conformidad de sus fallos con la legislación europea, ha decidido detener la emisión de nuevas sentencias hasta recibir claridad del TJUE. La intención es asegurar que la doctrina establecida por el TC no genere una situación de impunidad que contradiga las normas europeas.

Los magistrados también subrayan que las resoluciones del TC, si se consideran contrarias al derecho de la Unión, podrían dejar en el aire las responsabilidades penales de altos cargos que actúan en el ámbito legislativo, creando un vacío que podría usarse como escudo frente a la rendición de cuentas por acciones ilícitas.

El tribunal de la Audiencia advierte sobre el peligro de instaurar un área de inmunidad para las actuaciones de los gobiernos regionales en la preparación de leyes presupuestarias, lo que podría, además, afectar al gobierno nacional. Se sostiene que los funcionarios públicos no están exentos de responsabilidad y que la idea de otorgarles inmunidad no se encuentra respaldada por la Constitución.

Finalmente, la Sección Primera de la Audiencia ha decidido que no se podrán emitir nuevas sentencias hasta haber recibido las respuestas solicitadas al TJUE. En su cuestión prejudicial, cuestionan hasta cuatro puntos sobre la adecuación de la práctica nacional con respecto a las normativas europeas, así como la posibilidad de que el TC actúe de manera que invada competencias jurisdiccionales, lo que podría contradecir los principios europeos en la lucha contra la corrupción y el fraude.