En una destacada operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, la Policía Nacional de Cádiz ha arrestado a nueve individuos, quienes enfrentan cargos por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delitos urbanísticos. El presunto cabecilla de esta red delictiva se encuentra actualmente en fuga, con una orden de busca y captura emitida en su contra.

Según un comunicado policial, el principal sospechoso es considerado uno de los narcotraficantes más prominentes de la región, con un historial criminal que incluye múltiples delitos de tráfico de drogas, así como incidentes de violencia y ajustes de cuentas tanto en Cádiz como en áreas de alto perfil en Marbella.

La red criminal operaba no solo en la introducción de hachís, sino que también proporcionaba logística a otros grupos delictivos, abarcando desde las costas gaditanas hasta Almería mediante el controvertido negocio del "petaqueo". La ostentación de su estilo de vida, caracterizado por vehículos de lujo y lujosos viajes, llamó la atención de las fuerzas del orden.

La operación conocida como Lavandero fue iniciada en mayo de 2024 por un juez de Jerez de la Frontera, con colaboración de las Fiscalías Antidrogas de Cádiz y Jerez. Tras un año de investigaciones, se hayan detectado inversiones que superan el millón y medio de euros, a pesar de la escasa actividad laboral del sospechoso.

Se probó la compra de más de diez propiedades destinadas al alquiler y la creación de dos empresas de hostelería, que se sospecha que fueron utilizadas para blanquear dinero ilícito y hacerlo entrar en la economía legal.

A pesar de su considerable riqueza, el líder de la organización residía en un asentamiento ilegal en la Sierra de San Cristóbal, en El Puerto de Santa María, en una lujosa vivienda levantada sobre suelo municipal, desde donde aparentemente dirigía sus actividades criminales.

El 23 de junio, se implementó un amplio operativo policial en las localidades de Jerez, El Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera, coordinado por la UDEF de El Puerto y apoyado por unidades especializadas y drones, así como un helicóptero del Servicio de Medios Aéreos.

A pesar de la actividad policial, el líder logró evadir la captura inmediatamente después de que se emitiera contra él una orden judicial de arresto. No obstante, los investigadores llevaron a cabo una serie de medidas cautelares, incluyendo el bloqueo de cuentas bancarias y la incautación de propiedades, vehículos de lujo y embarcaciones vinculadas al investigado.

Los detenidos están acusados de actuar como testaferros en operaciones financieras y maniobras de "pitufeo" diseñadas para eludir controles, incluyendo el ingreso de dinero en cuentas judiciales que facilitaron la evasión de prisión preventiva del líder en otro caso previo.

Adicionalmente, se le atribuyen al cabecilla dos delitos urbanísticos por la construcción de chalés en terrenos rústicos, uno de los cuales se sitúa en una área protegida conocida como "Villa Narco", célebre por albergar propiedades irregulares vinculadas al crimen organizado.

Los arrestados han sido puestos en libertad bajo cargos tras comparecer ante la Policía, mientras que el principal investigado continúa en paradero desconocido, con múltiples órdenes de captura vigentes tanto policiales como judiciales.