En Málaga, se ha llevado a cabo una operación policial que ha desmantelado una sofisticada estructura criminal que operaba en la ciudad y que se dedicaba al blanqueo de capitales generados a partir de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos. Las autoridades han identificado un patrimonio ilícito de aproximadamente 3,5 millones de euros, acumulado por esta red durante un periodo de cuatro años. Hasta el momento, diez individuos han sido arrestados, incluidos cuatro profesionales con formación específica.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Nacional, la organización contaba con un líder que supervisaba las actividades de blanqueo y un grupo de testaferros que actuaban como propietarios ficticios de bienes y cuentas financieras, lo que complicaba su detección.

El inicio de esta investigación se remonta a noviembre de 2024, cuando se inició la primera fase de la operación denominada "Gargamel", la cual permitió liberar a 42 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en varios prostíbulos de Cártama y de la capital malagueña. Estas víctimas estaban obligadas a estar disponibles las 24 horas, sufriendo una estricta vigilancia por parte de la organización criminal.

En aquella primera intervención, se llevaron a cabo 19 arrestos y se realizaron inspecciones en los locales, los cuales fueron clausurados por orden judicial. Las fuerzas del orden también lograron congelar 9,5 millones de euros en cuentas y activos, además de incautar cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo.

La red criminal tenía un funcionamiento bien estructurado, reclutando a la mayoría de sus víctimas en países como Colombia, aprovechando sus vulnerabilidades económicas y personales.

Las mujeres eran sometidas a condiciones de trabajo extremadamente severas y abusivas en los prostíbulos, donde la organización obtenía altos beneficios económicos derivados de la explotación sexual, dependiendo de la naturaleza de los servicios ofrecidos.

Para incrementar sus ganancias, además de la explotación sexual, la red se involucraba en el tráfico y venta de drogas, como cocaína y éxtasis, así como en la comercialización de medicamentos para la disfunción eréctil, todo sin control sanitario. Asimismo, los establecimientos trataban de disimular su actividad ilícita bajo la fachada de hoteles, careciendo de los permisos necesarios y emitiendo facturas falsas para sortear posibles inspecciones.

La segunda fase de esta operación se llevó a cabo el 13 de noviembre de 2025, resultando en la detención de otras diez personas, acusadas también de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El cabecilla de la organización había creado otra estructura que facilitaba la gestión de los enormes beneficios provenientes de la explotación de mujeres, utilizando un entramado empresarial para ocultar y transferir el patrimonio obtenido de manera ilícita.

Se ha observado que esta segunda red estaba organizada en diferentes niveles, donde el líder tenía funciones directivas, mientras que otros miembros actuaban como testaferros.

Adicionalmente, algunos profesionales con habilidades técnicas esenciales utilizaban su conocimiento para asegurar que la organización lograra sus objetivos de adquisición, posesión y ocultamiento del patrimonio generado de forma ilegal.

A través de este método, la organización logró acumular un total de 3,5 millones de euros en patrimonios ilícitos en un lapso de cuatro años.

La investigación ha sido conducida por especialistas del Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, así como del Grupo III de UCRIF en la Comisaría Provincial de Málaga.