En Córdoba, específicamente en Palma del Río, la Policía Nacional ha logrado desarticular una peligrosa organización criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Sorprendentemente, solo dos trabajadores estaban debidamente dados de alta en la Seguridad Social, lo que evidencia la gravedad de la situación.

Las alarmas se encendieron cuando la Policía recibió varias denuncias que indicaban que ciudadanos extranjeros, sin los respectivos permisos de residencia y trabajo, estaban realizando labores en el sector agrícola sin ningún tipo de registro en el sistema de la Seguridad Social.

Las pesquisas realizadas por los agentes revelaron que esta organización actuaba bajo la fachada de una empresa, dirigida por un único administrador y su esposa. Ambos ofrecían sus servicios en el sector agrícola, especialmente en la recolección de naranjas y la limpieza de árboles en diversas fincas de la provincia de Sevilla.

Resulta aún más escandaloso que dos de los trabajadores de esta empresa, quienes sí estaban correctamente registrados en la Seguridad Social, se dedicaban a reclutar y contratar a ciudadanos extranjeros a sabiendas de su situación irregular en España. Además, omitían completamente darles de alta en la Seguridad Social, vulnerando así sus derechos laborales.

Con un amplio dispositivo desplegado en Palma del Río, en colaboración con Inspección de Trabajo, se logró identificar a una veintena de personas. Alarmantemente, 17 de ellas se encontraban en situación irregular y únicamente dos estaban debidamente registradas en la Seguridad Social. La magnitud del problema es evidente.

Como resultado de esta intervención, cinco personas fueron detenidas por delitos relacionados con la explotación laboral y los derechos de los ciudadanos extranjeros. Estos individuos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial para que respondan por sus acciones. Es importante destacar la labor minuciosa y efectiva de las autoridades en la lucha contra este tipo de delitos que vulneran los derechos fundamentales de las personas.