HUELVA, 21 de diciembre.

La Audiencia Provincial de Huelva ha respaldado la decisión del Juzgado de Menores que impuso medidas a dos jóvenes, uno de ellos sometido a siete meses de libertad vigilada y el otro a un programa de tareas socioeducativas durante el mismo periodo. Esta resolución se deriva de un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2023, cuando ambos menores arrojaron un considerable número de huevos y piedras contra la vivienda de un agente de la Guardia Civil que reside allí con su familia.

Detrás de esta sentencia, conforme a los documentos consultados, se establece que los jóvenes actuaron "de común acuerdo", buscando causar perjuicio a la propiedad de un tercero. En ese momento, formaban parte de un grupo de alrededor de 13 o 14 adolescentes, algunos de los cuales iban vestidos de negro y con capuchas, que se presentaron en la casa del denunciante y llevaron a cabo la agresión, ocasionando daños valuados en 6.779 euros en la fachada del inmueble.

El funcionario de seguridad, al percatarse de la acción del grupo, salió tras ellos y pudo detener a una chica del grupo. Esta intervención provocó que los demás jóvenes, entre ellos los condenados, intentaran ayudar a su compañera, lo que llevó a uno de ellos a empujar al agente que estaba denunciando la situación.

A pesar de que el guardia civil informó haber sufrido agresiones, incluyendo patadas y la ruptura de una cadena que llevaba al cuello, la sentencia puntualiza que no se ha corroborado esta parte de su denuncia, ni se estableció si los menores sabían que se trataba de un agente de la ley.

Las defensa de los menores presentaron recurso en contra de la sentencia, argumentando que era irregular que el propio denunciante, al ser guardia civil, hubiera sido quien elaborara el informe. También alegaron que hubo errores en la valoración de las pruebas presentadas.

Ante estos argumentos, la Audiencia admitió que la situación de que el denunciante fuera también el responsable del atestado era una irregularidad; sin embargo, determinó que esto no había generado "ninguna indefensión" que pudiera invalidar el fallo. En consecuencia, consideró que los atestados tienen la misma validez que una denuncia para efectos legales y no encontró error en la evaluación de pruebas presentada.

De este modo, la Audiencia de Huelva ha decidido rechazar los recursos interpuestos y ha confirmado la sentencia del Juzgado de Menores, manteniendo las sanciones impuestas: uno de los menores enfrentará siete meses de libertad vigilada por el delito de daños, mientras que el otro realizará tareas socioeducativas por ser responsable tanto de un delito de daños como de un acto de maltrato.