JAÉN, 23 de julio. Un nuevo giro en el debate sobre las energías renovables ha sido protagonizado por Ecologistas en Acción, quienes han expresado su respaldo a los agricultores de oliva que han sido expropiados para la construcción de plantas fotovoltaicas. La organización argumenta que las energías renovables tienen el potencial de ser una solución, no un problema, en la actual crisis energética.

En su reciente comunicación, Ecologistas en Acción critica la utilización de la declaración de Utilidad Pública para facilitar la expansión desmedida de estas instalaciones. Aseguran que este mecanismo debería ser un soporte clave para una planificación adecuada y debería implementarse solo en situaciones donde no afecte la agricultura ni la biodiversidad. Abogan por que los promotores sólo utilicen espacios ya artificializados para desarrollar dichas infraestructuras.

Las organizaciones ambientales han solicitado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transición Ecológica que revisen y restrinjan los criterios de utilidad pública utilizados en expropiaciones. Advierte que una implementación irresponsable de energías renovables puede llevar a un rechazo social, especialmente cuando el interés público no está verdaderamente justificado. Consideran que un modelo de energías 100% renovables debe ser equitativo en términos ambientales, sociales y territoriales.

En particular, los "megaparques fotovoltaicos" que impactan olivares y otras áreas agrícolas en Andalucía son cuestionados por Ecologistas en Acción. Argumentan que la justificación de priorizar el bienestar común es muy discutible, ya que a menudo favorece a los oligopolios energéticos que eligen ubicar sus plantas donde más les conviene económicamente.

Critican que la selección de los terrenos suele estar ligada a su proximidad a la red eléctrica y a su bajo costo, siendo frecuentemente suelos agrícolas que no requieren negociación directa con los propietarios debido a la influencia política que les otorgan las declaraciones de utilidad pública.

La organización denuncia que estos grandes parques solares, respaldados por las declaraciones que facilitan la expropiación de tierras agrícolas, son controlados por un pequeño número de conglomerados que dominan el mercado eléctrico. La situación en Andalucía es, según su análisis, paradójica: mientras la región puede alcanzar récords en producción de energía renovable, también experimenta apagones y la pérdida de tierras agrícolas y biodiversidad.

Ellos argumentan que el verdadero problema no reside en la energía fotovoltaica en sí, sino en un modelo que prioriza la maximización de la producción eléctrica y la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, en lugar de garantizar un suministro seguro y equitativo para toda la población.

Desde Ecologistas en Acción, sugieren que existen numerosos espacios idóneos para la instalación de placas solares que permanecen sin usar. Mencionan que hay cientos de kilómetros cuadrados que podrían albergar paneles solares, como techos, infraestructuras de transporte y cuerpos de agua artificiales, donde la implementación tendría un menor impacto, incrementando solo los costos que las empresas deben asumir si se les brinda la oportunidad de elegir opciones más viables económicamente.