El Consejo de Transparencia obliga al SAS a facilitar datos sobre listas de espera en 10 días

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha requerido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que proporcione información actualizada sobre las listas de espera para pruebas diagnósticas en un plazo de diez días. La resolución responde a una reclamación presentada por un ciudadano en julio de 2025, tras la negativa inicial del SAS a facilitar los datos solicitados.

El solicitante pidió datos específicos a nivel provincial sobre pacientes inscritos en listas de espera, tiempos de respuesta y especialidades médicas. El SAS respondió en agosto de 2025 que no disponía de herramientas para ofrecer esa información, lo que generó la reacción del Consejo de Transparencia. La resolución aclara que el sistema debería permitir acceder a estos datos, en línea con la normativa vigente sobre listas de espera y transparencia en la sanidad pública.

La resolución establece que el SAS debe facilitar la información, garantizando la protección de datos personales y ajustándose a los niveles de desagregación solicitados. El organismo también advierte que la falta de justificación para no suministrar los datos puede considerarse incumplimiento, dada la normativa de transparencia y la obligación de ofrecer información en los procesos sanitarios.

Este requerimiento llega en un contexto de creciente debate político sobre la gestión de las listas de espera en Andalucía. La oposición ha denunciado opacidad y retrasos en la atención, especialmente en áreas como traumatología y cirugía programada. La Junta de Andalucía ha defendido sus esfuerzos por mejorar la situación, aunque las dificultades en la gestión siguen siendo objeto de crítica.

De cara al futuro, la resolución del Consejo puede impulsar una mayor exigencia de transparencia en el sistema sanitario andaluz. La obligación de facilitar datos precisos y actualizados refuerza la necesidad de modernizar la gestión de la información en salud pública, en un momento en que la calidad del servicio y la rendición de cuentas son prioritarios para la administración autonómica.