SEVILLA, 29 de mayo. La investigación sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones directas llevadas a cabo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado un nuevo giro. El Juzgado de Instrucción número 13 ha solicitado más documentos, enfocados principalmente en el contrato de obras que transformó el antiguo hospital militar de Sevilla, Vigil de Quiñones, en un centro médico durante la crisis provocada por el Covid-19.

En una providencia emitida el 21 de mayo, que fue adelantada por El Correo de Andalucía, se ha instado al SAS, junto con su asesoría jurídica y la Dirección General de Gestión Económica y Servicios, a presentar una serie de documentos relevantes. Esta acción se enmarca dentro de la querella interpuesta por el PSOE, que tiene a la gerente del SAS, Valle García, y a los ex directores de la entidad, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, como sujetos de la investigación.

Entre los requerimientos, el juzgado ha pedido informes específicos que fueron elaborados entre julio de 2021 y agosto de 2022. Estos documentos, todos firmados por la misma abogada del sistema de salud, tratan sobre las contrataciones de emergencia. Por ejemplo, se ha solicitado un informe de diciembre de 2021 que abarca la posibilidad de extender las contrataciones de emergencia relacionadas con camas en medicina interna y unidades de cuidados intensivos, así como otro de agosto de 2022 que aborda la ampliación de servicios asistenciales mientras se realizan nuevas licitaciones.

Asimismo, se le ha pedido al SAS que detalle todos los contratos gastados bajo el procedimiento de emergencia, conforme al decreto-ley 3/2020 de la Junta de Andalucía, que facilitó la agilización de contratos para mitigar la crisis sanitaria. Este requerimiento incluye la acreditación de los adjudicatarios, así como un desglose completo de precios, facturas y justificaciones, abarcando toda la trayectoria contractual.

El juzgado también ha solicitado copias de los contratos y sus modificaciones relacionadas con las medidas de urgencia establecidas el 15 de julio de 2020, que implicaron la suspensión de pruebas quirúrgicas y diagnósticas. Se incluyen en la petición contratos específicos de asistencia por urgencias debido a la saturación hospitalaria en la zona de Huelva, además de los contratos por obras de emergencia en el mencionado hospital de Sevilla.

Igualmente, la Intervención General de la Junta ha recibido el encargo de proporcionar expedientes completos sobre fiscalización de contratos gestionados como procedimientos de emergencia entre el 23 de junio y el 6 de octubre de 2020, así como aquellos de los años 2020 y 2021 que no hayan sido sometidos a un control financiero exhaustivo.

Por último, se solicita a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS que presente el expediente completo que justifica la verificación de gastos financiados con fondos europeos en el proceso de terminación del antiguo hospital militar, así como cualquier otro expediente relacionado con la tramitación de emergencias financiadas de esta manera.

Esta acción judicial se produce luego de la denuncia presentada por el grupo socialista en el Parlamento andaluz, que alega que podría haber habido irregularidades en los contratos del SAS bajo el procedimiento de urgencia entre 2021 y 2023, un periodo en el que sostienen que ya no estaba vigente la normativa excepcional que regía anteriormente.