SEVILLA, 18 de diciembre.

El Parlamento de Andalucía decidió en su Pleno de este miércoles dar luz verde a la proposición de Ley de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más influyentes en la región, una iniciativa presentada por el Grupo Popular y que ha contado con el apoyo de los grupos del PP-A y el PSOE-A.

Por otro lado, tanto Vox como el Grupo Mixto-Adelante Andalucía se manifestaron en contra de esta propuesta, después de que los tres grupos --PSOE, Vox y Por Andalucía, este último se abstuvo-- presentaran enmiendas al texto que no fueron aceptadas durante el debate final.

La ley tiene como propósito potenciar la concertación social en Andalucía, al reconocer la importancia de los agentes sociales y económicos más relevantes de la comunidad. Esto permitirá que estos grupos puedan desempeñar su función de manera efectiva en todos los espacios y niveles de participación institucional, asegurando que se puedan alcanzar futuros acuerdos de concertación social.

Desde el Gobierno andaluz, se ha manifestado que la aprobación de esta normativa posición a Andalucía entre las comunidades que han establecido por ley la participación institucional de estos agentes sociales, garantizando así el ejercicio de los derechos que les otorgan tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía en lo que respecta a temas laborales, sociales y económicos de trabajadores y empresarios.

El Ejecutivo andaluz ha defendido que esta ley es una clara muestra de su compromiso con el diálogo y la participación social, considerando la concertación social como una herramienta efectiva y justa para impulsar los intereses sociales y económicos de la comunidad. Además, la califican como un medio para mejorar la calidad institucional y la gobernanza.

Entre las disposiciones de la ley, se prevé que, en circunstancias excepcionales, el Consejo de Gobierno tenga la autoridad para determinar los montos relacionados con la participación institucional para el año 2024, autorizando también las transferencias necesarias de créditos.

En el Título III se contempla una compensación anual por participación institucional, que no se determinará como una subvención, lo que subraya el carácter específico de este apoyo.

Durante el debate, la diputada del PP-A, Jessica Trujillo, defendió esta propuesta, afirmando que con su aprobación se resuelve una deuda histórica que la Junta de Andalucía mantenía con los sindicatos y organizaciones empresariales, así como con la legalidad vigente. Afirmó que esta medida responde a acuerdos de concertación social impulsados por el Gobierno andaluz desde 2009.

Trujillo puso de relieve que este marco legal permitirá a los sindicatos y organizaciones empresariales del territorio ocupar el lugar que les corresponde en el ámbito constitucional y estatutario. Todos los andaluces, tanto empresarios como trabajadores, tienen derecho legítimo a organizarse y a ver representados sus intereses, enfatizó la parlamentaria del PP-A.

Asimismo, la representante del PP-A resaltó que mediante esta iniciativa se le otorga a la participación de estos agentes sociales un estatus de ley en el proceso de toma de decisiones en Andalucía, lo que, a su juicio, supondrá una mejora notable para la democracia en la comunidad.

Por su parte, la parlamentaria socialista, Irene García, defendió que esta proposición consolida un esfuerzo conjunto y mostró su esperanza en que el texto ofrezca resultados positivos. Destacó que el PSOE-A abordó la ley con una clara voluntad de alcanzar un consenso, valorando la importancia del diálogo social, aunque recordó que esta no había sido necesariamente la postura del PP-A en otros momentos, celebrando el cambio de enfoque en el partido.

García insistió en que esta no es una ley caprichosa ni un regalo, sino que responde a un mandato del Estatuto de Autonomía, y enfatizó que el diálogo social debe ser la norma en la comunidad, rechazando que se utilice con fines políticos mezquinos, a la vez que afirmó que su grupo había mantenido su compromiso de mejorar el texto original mediante enmiendas.

Desde Vox, el diputado Benito Morillo argumentó las razones de su voto en contra, señalando que los sindicatos deberían financiarse a través de las cuotas de sus afiliados y rechazando las subvenciones que, a su juicio, son injustificadas. Recordó que el PP-A también había sostenido esta opinión cuando estaba en la oposición, criticando que ahora, en el Gobierno, parezca haber un cambio de posición que lleva a destinar fondos públicos a sindicatos.

Morillo calificó la ley de "cosmética" que pretende seguir blanqueando la situación de sindicatos corruptos, describiéndola como un nuevo agravio para la población andaluza, a quienes, según su perspectiva, se les exigirá pagar por algo que previamente se les había robado.

Inma Nieto, portavoz del grupo Por Andalucía, argumentó que la ley regula fundamentos de participación en el diálogo social y en la toma de decisiones. Resaltó la importancia de recibir compensación por la labor que desempeñan en estos órganos, indicando que se trataba de una medida aceptable pero con limitaciones significativas, e indicando que se perdía la oportunidad de establecer un marco más completo para la participación institucional.

Por último, José Ignacio García, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, justificó el voto en contra de su grupo al calificar la ley de "trampa" que la derecha establece para manipular a la izquierda y a las organizaciones sindicales, insistiendo en que es excluyente al solo garantizar la participación de las principales organizaciones sindicales y equiparar a sindicatos y patronal como iguales, lo que, a su juicio, va en contra de la noción de clase trabajadora y la disparidad de condiciones existente.